Las comunidades gobernadas por el PP no acudirán este jueves a la Conferencia Sectorial convocada para abordar el reparto de menores no acompañados. Este plante de las autonomías gobernadas por los populares a la ministra Sira Rego se produce al considerar que tanto la convocatoria de esta reunión como el reparto de estos menores es "ilegal".
El pasado 4 de julio el Gobierno central filtró sus planes finales para la reubicación de menores no acompañados desde Canarias. La gran mayoría de aproximadamente 3.000 trasladados irán a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. Ni Cataluña ni País Vasco acogerán menores.
La cifra total de traslados desde el archipiélago con la que trabaja el Gobierno es de 3.975, a los que previsiblemente habrá que restar unos 850 de Canarias que finalmente serán acogidos por la red estatal de protección internacional al ser solicitantes de asilo, de acuerdo a la orden emitida por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo.
Según el Ministerio de Juventud, tras verse reducido el número total de traslados previstos -inicialmente superaban los 4.400- y aplicar los criterios de derivación acordados, que tienen en cuenta, entre otras cosas, el esfuerzo de acogida realizado hasta ahora, Cataluña y País Vasco no tendrían que acoger a ningún joven.
Así las cosas, los gobiernos regionales del PP han rechazado "frontalmente el intento de imposición del Gobierno de España", con la convocatoria de esta Conferencia Sectorial. Y es que se niegan a "convertir a los menores en objetos de intercambio político". "Son personas a proteger, no paquetes a repartir", señalan a través de un comunicado distribuido desde Génova, en el que añaden que deben ser atendidos con dignidad y no utilizados "como coartada para resolver las urgencias parlamentarias" de un presidente "atosigado por la corrupción de su entorno".
En el texto, acusan al Gobierno de un diseño que "sólo busca enfrentar a las comunidades autónomas entre sí". Apuntan a que se han aplicado criterios unilaterales, sin acuerdo previo y con la intención evidente de dejar fuera del reparto a Cataluña y al País Vasco, socios parlamentarios en el Congreso. Así las cosas, exigen un trato institucional respetuoso y subrayan que no es aceptable gobernar a base de decretos, sin atender a las comunidades autónomas, "despreciando los cauces legales e ignorando el principio de igualdad entre territorios".
Por último, desde Génova exigen al Ejecutivo de Sánchez "que se haga cargo, de manera directa y con financiación propia" y dé atención a los menores no acompañados en situación de emergencia como aquellos que atraviesan Canarias o Ceuta y critican "la doble vara de medir del Gobierno". El comunicado critica que el Gobierno se niega a acoger a los más de mil solicitantes de protección internacional que le exige el Tribunal Supremo, pero exige a las comunidades asumir repartos forzosos sin medios.
"Lo que queremos decirle al Gobierno central es que el caos migratorio al que nos ha llevado hace que toda esta situación sea ingestionable, que no podemos seguir abriendo sin límite recursos" y "que la única política migratoria de este país no puede ser el reparto de los migrantes irregulares que han llegado a nuestro país o de los menores no acompañados que han llegado hasta nuestras comunidades autónomas", señaló este mismo miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Miguel Ángel García denunció que los centros de la Comunidad de Madrid están al límite, "hasta el punto de que tenemos que habilitar más plazas para poder cumplir con la ley" y atender a esos menores que "no han llegado" a la región "por generación espontánea" sino por "culpa de las "política migratorias" del Ejecutivo central.
Y sobre la cifra de estos menores que serán repartidos por las comunidades autonómicas, el portavoz fue tajante: "Creemos que es inconstitucional". Y por este motivo lo han recurrido ante Tribunal Constitucional. "No se basa en ningún tipo de dato objetivo sino que se basa simplemente, una vez más, en un acuerdo que alcanzaron con los partidos independentistas de Cataluña, que hace que en Andalucía y la Comunidad de Madrid absorbamos hipotéticamente el monto total".
"Nosotros confiamos en la justicia y confiamos que esa barbaridad no se pueda realizar porque están invadiendo competencias autonómicas y porque, insisto, ese reparto que están haciendo es completamente inconstitucional", señaló el consejero madrileño.