El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentado un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional en el que se pide a la corte de garantías que anule la orden de detención nacional que pesa sobre el golpista prófugo emitido por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La defensa del líder de Junts sostiene que el Tribunal Supremo no puede mantener la orden de detención por el delito de malversación cuando el Tribunal Constitucional ya ha fallado sobre la legalidad de la norma.
"El recurrente tiene derecho a que se le aplique la Ley Orgánica 1/2024, tal y como ha sido redactada por el legislador y validada por el Tribunal Constitucional. Su exclusión por parte del Tribunal Supremo carece de fundamento legal, constitucional o jurisprudencial suficiente", señala el recurso del letrado Boye (condenado en 1996 a 14 años de cárcel de los que solo cumplió seis por el secuestro del empresario Emiliano Revilla).
Boye pide al Tribunal Constitucional la adopción de una medida cautelarísima, subsidiariamente medida cautelar, que es la suspensión de la orden nacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión. El letrado utiliza argumentos recurrentes, señala que su causa debería ser instruida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en vez de por el Tribunal Supremo y que eso vulnera su derecho a un juez ordinario ya la tutela efectiva.
El recurso también incluye consideraciones políticas como que la aplicación de la amnistía "puede verse gravemente comprometida si se permite la detención de una de las figuras más emblemáticas del proceso de negociación política y jurídica en Cataluña".
Se apela a la Carta Magna
También se apela a la Constitución en el y se sostiene que el Tribunal Supremo está obligado a aplicar la amnistía aún cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE) no ha tomado una decisión sobre las cuestiones prejudiciales en torno al delito de malversación y al de terrorismo.
El próximo martes está previsto un pleno del Tribunal Constitucional en el que se abordará podría la aceptación de las medidas cautelarísimas solicitadas por la defensa del prófugo. Eso podría dar pie al regreso inmediato de Carles Puigdemont a España, lo que tendría un cierto impacto en el contexto de corrupción sanchista y debilidad del Ejecutivo puesto que obligaría a Pedro Sánchez a retratarse con el expresidente de la Generalidad golpista.