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Una cárcel sin muros ni rejas: el nuevo modelo que impulsa la Generalidad

El proyecto busca facilitar la reinserción de presos en régimen abierto y contará con 200 habitaciones para dar cabida a unos 800 reclusos.

El proyecto busca facilitar la reinserción de presos en régimen abierto y contará con 200 habitaciones para dar cabida a unos 800 reclusos.
La recreación de la nueva cárcel de Barcelona | Gencat

El Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña ha impulsado un proyecto de centro penitenciario sin muros, rejas ni concertinas, destinado a internos que se encuentran en la fase final de su condena y que solo deben pernoctar en las instalaciones. Según publica The Objective, se trata de una cárcel de régimen abierto orientada a la reinserción, y con unas condiciones que la diferencian del resto de centros penitenciarios de Cataluña.

La nueva instalación se ubicará en la Zona Franca de Barcelona e incluirá biblioteca, gimnasio, sala de televisión, comedor, espacios formativos y 200 habitaciones distribuidas en dos módulos, y se ha concebido como un entorno sin barreras físicas. El objetivo declarado por el Departamento de Justicia es facilitar el paso de la vida penitenciaria a la reintegración social y laboral, en el marco del modelo conocido como "medio abierto". Este tipo de régimen está dirigido a personas que han cumplido gran parte de su condena y cuya única obligación diaria es dormir en el centro, sin estar sometidos al régimen cerrado tradicional.

Proyecto iniciado por Gemma Ubasart

La iniciativa comenzó durante el mandato de Gemma Ubasart, exconsejera de Justicia del Govern de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), quien defendió públicamente el modelo de medio abierto como vía para mejorar los niveles de seguridad y reinserción. Bajo su dirección, el Departamento de Justicia presentó el informe Taxa de Reincidència Penitenciària 2020, elaborado por el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE).

Este estudio, que hizo un seguimiento de cinco años a los internos condenados en 2015, concluyó que la tasa de reincidencia descendía casi diez puntos en seis años, pasando del 30,2% al 21,1% entre quienes habían pasado por el régimen abierto. Ubasart defendió públicamente que este enfoque era "clave" para reducir los índices de reincidencia en Cataluña.

Polémica por los datos del estudio

El mismo informe provocó controversia por algunas de sus conclusiones. En particular, se señalaba que la tasa de reincidencia era menor entre los internos que hablaban catalán, un dato que fue cuestionado por varios sectores por su interpretación y utilidad real.

Además, durante su etapa al frente del Departamento de Justicia, Ubasart fue criticada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), principal sindicato de la Administración, por su trayectoria como activista en defensa de los derechos de los presos. La organización sindical cuestionó sus afirmaciones sobre la existencia de episodios de "tortura y violencia" en los centros penitenciarios catalanes, y denunció que estas declaraciones podían deteriorar la imagen de los funcionarios del sistema penitenciario.

Inauguración en 2026

La apertura del centro penitenciario está prevista para el primer semestre de 2026 y acogerá a los presos que quedan en las prisiones de Wad-Ras y Trinitat Vella. La puesta en marcha coincidirá con el cierre definitivo de la cárcel de Sant Andreu. En total, 13.000 metros cuadrados con 200 habitaciones divididas en dos módulos simétricos e independientes, según informó la televisión catalana Betevé.

Cada módulo tiene una planta baja que cuenta con un patio central y alrededor se sitúan el comedor, una sala de día para actividades, otra para la televisión, una biblioteca, un gimnasio, una sala de formación con ordenador, WC y lavandería.

Por encima, cuatro plantas con los dormitorios en los que se podrá dar cabida a 800 internos. Cada uno de esos dormitorios da al patio interior y no existen rejas en las ventanas. Por otro lado, para poder acceder a sus plantas, los presos necesitarán una tarjeta y pasar controles biométricos.

El importe millonario

El Departamento de Justicia ha definido el nuevo centro como un espacio de "diseño ambiental normalizador", con una estructura más cercana a una residencia que a una prisión tradicional, orientado al cumplimiento de penas en tercer grado y sin elementos de seguridad visibles.

El coste estimado del proyecto es de 40 millones de euros. Además, el edificio será sostenible y aspira a un modelo de "consumo cero", gracias al uso de energías renovables como la geotermia y la energía solar. Contará con certificación BREEAM, que implica criterios ecológicos en diseño, gestión de residuos, aislamiento y consumo de agua.

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