Puigdemont se hace un lío en X: llama golpistas a los jueces y exige respeto a las leyes

El mundo al revés. El hombre que derogó la Constitución y el Estatuto de Autonomía, el que se fotografiaba con los requerimientos del Tribunal Constitucional que se jactaba de desobedecer, el mismo que dio un golpe de Estado, proclamó una república y se fugó de España para no dar cuenta de sus actos ante la justicia exige ahora que se cumpla la ley (de amnistía), llama "golpistas" a los jueces del Tribunal Supremo y reprocha al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su supuesta pasividad ante estos magistrados.

Puigdemont sigue en la rueda del hámster, preso de sus obsesiones y de ficciones como la del "exilio". Para él, lo que sucedió tal día como hoy del año pasado fue un gesto heroico pleno de sentido político, un acto de valor que dignificó ante la historia el cargo de presidente de la Generalidad, un acontecimiento europeo y un resarcimiento en toda regla del episodio de su primera fuga oculto en el maletero de un coche.

En un extenso mensaje en la red social X, el líder de Junts y el hombre que sostiene la legislatura desde Waterloo asegura que se largó del Arco del Triunfo tras constatar que no podría acceder al parlamento autonómico sin ser detenido antes, por lo que decidió huir. "Si España creía que tenía el deber de impedir mi acceso al Parlamento, yo tenía el deber de intentar evitar mi detención", afirma.
El objetivo de la maniobra de regresar a España, dar un mitin y volver a fugarse era denunciar que en España no se respeta la ley. Tal cual. Puigdemont, el presidente catalán de las "leyes de desconexión" reclamando el cumplimiento de las leyes. Así lo explica él mismo: "La ley de amnistía había sido aprobada por las Cortes españolas y había entrado plenamente en vigor. Y en esta ley no hay ningún asa que permita al Tribunal Supremo agarrarse a ella para vulnerar su letra y su espíritu. Ni una. Había que poner en evidencia una grave anomalía democrática, una avería en el sistema español que impide que podamos hablar de democracia plena, y había que ponerle un foco muy grande vista la pasividad del presidente del Gobierno español a denunciar lo que es literalmente una actitud golpista del Supremo".

Puigdemont no se priva de imaginar qué habría sucedido en caso de ser detenido y no alberga ninguna duda: "Hoy todavía estaría en prisión, y probablemente a punto de ser juzgado y condenado, porque en España hay cosas y personas que están por encima de la ley y de su propia Constitución. Ya me entendéis: el que pueda hacer, que haga".

El incumplimiento de una ley en vigor

Tras la alusión al expresidente del Gobierno José María Aznar, Puigdemont insiste en que "había que asumir el riesgo de romper costuras para denunciar un hecho gravísimo que, sin embargo, se normaliza con la proverbial rapidez con la que el sistema español asume las taras originales: el incumplimiento flagrante y ostentoso de una ley en vigor".

También aprovecha para dar las gracias a los que le ayudaron y a los que fueron a su mitin, imprescindibles, dice, "para que la jornada acabara con una derrota del sistema español. Que también se trataba de eso: romper los planes represivos que los españoles tienen preparados para nosotros".

Tras generalizar sobre "los españoles" y "nosotros", concluye animando a sus fieles a "mantener la posición por más cabreados, decepcionados o desanimados que estemos".

La confrontación no hace vacaciones

Quien no parece desanimado en absoluto es el secretario general de Junts, Jordi Turull, la sombra de Puigdemont durante los tres días de agosto que pasaron ocultos en Barcelona. En su mensaje en X, lo mismo muy resumido: Hace un año viví unos de los días de mayor intensidad junto al MHP @KRLS. Los justicieros con toga, y sus colaboradores y altavoces, salivaban imaginando al Presidente en prisión. La represión no hacía vacaciones, la confrontación contra ella tampoco. Una vez más, el aparato represor del Estado se quedó con un palmo de narices".

La confrontación no hace vacaciones... Otra heroicidad, pues, de Turull, que pasó tres años en prisión por el golpe de 2017.