El mayor riesgo en la entrada y evacuación de Carles Puigdemont el 8 de agosto del año pasado lo constituyó el propio Puigdemont. En los Mossos temían que el expresidente de la Generalidad se les echara encima mostrando las muñecas. En el Ministerio del Interior cruzaban los dedos para que el líder de Junts no se hiciera detener a la entrada o la salida de España en función de sus desbaratados cálculos políticos.
Pocos días antes de aquel 8 de agosto nadie dudaba de que Puigdemont fuera a cumplir con su amenaza/promesa de asistir en persona a la sesión de investidura de Salvador Illa. Tampoco se albergaban muchas dudas sobre el desenlace de la peripecia, una especie de final de la escapada a la espera de un trato benévolo por parte del Tribunal Supremo. Sin embargo, no tardó mucho Puigdemont en mostrar que sus planes incluían regresar a Waterloo tras esa primera sesión de la legislatura autonómica.
En el Ministerio del Interior enseguida se desentendieron por completo del asunto. La Generalidad tiene competencias integrales en materia de seguridad ciudadana. Debía ser la consejería de Interior, entonces dirigida por un exalcalde del PSC convertido a la fe independentista, Joan Ignasi Elena, quien desplegara el plan que considerase oportuno para dar curso a la orden de detención en territorio nacional del magistrado del Tribunal Supremo instructor de la causa del golpe de Estado Pablo Llarena.
Complicidad Gobierno-Generalidad
Mientras en el Ministerio del Interior se miraba con disimulo hacia otro lado, en la consejería de Interior se daba curso a la orden de garantizar la celebración del pleno de investidura por encima de cualquier otra consideración. Se ponía así en marcha una especie de operación fantasma que requería de la pasividad cómplice del Gobierno de Pedro Sánchez y de hacer valer como excusa la acreditada incompetencia a la hora de cumplir mandatos judiciales contra el independentismo de la policía de la Generalidad, los Mossos d'Esquadra.
El operativo funcionó a la perfección. Puigdemont fue evacuado de España sin que en ningún momento se activasen controles fronterizos o se emprendiera un dispositivo de persecución. En el Tribunal Supremo contemplaban impotentes cómo el Ejecutivo no activaba ni uno solo de sus resortes. En la Generalidad, el entonces jefe de los Mossos, el acreditado nacionalista Eduard Sallent, montaba uno de los dispositivos más kafkianos de la historia policial, un plan para detener a Puigdemont con el objetivo de no detener a Puigdemont.
"Hipotética presencia"
En un libro de la periodista Mayka Navarro y el investigador privado Francisco Marco, queda constancia de los mensajes de Sallent en el chat policial organizado al efecto de la anunciada venida de Puigdemont.
El primer mensaje del entonces jefe de los Mossos fue este:
"En relación a la reunión de hoy: el dispositivo tiene como objetivo garantizar la celebración del pleno. En el marco de este dispositivo existe la posibilidad de que se produzca la detención del presidente Puigdemont. Pero no es la finalidad del dispositivo. En la reunión de hoy hemos planificado el dispositivo en diferentes escenarios y hemos evaluado hipótesis sobre una hipotética presencia del expresidente. Hemos definido un dispositivo pulcro y equilibrado que garantice su eficacia sin estridencias. Quien tenga alguna consideración a hacer que la haga en las reuniones con transparencia".
A buen entendedor...
Si no quedaba más remedio que capturar a Puigdemont, lo haría un intendente de paisano y sin recurrir en ningún extremo al más leve contacto físico. A Sallent le preocupaba que si Puigdemont se echaba encima del policía acabaran los dos rodando por los suelos entre cámaras de televisión y de prensa.
Sallent fue destituido pocos días después por Josep Lluís Trapero, el exjefe de los Mossos que pasó de tocar la guitarra con Puigdemont en un guateque en casa de la periodista Rahola en Cadaqués a decir en el Tribunal Supremo que tenía un plan para detener a Puigdemont tras el golpe de Estado pero que no lo puso en práctica porque no se lo pidió ningún juez.
Sallent no habló con nadie
Diez meses después de aquel despropósito, Sallent declaró en calidad de testigo ante la titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, María Antonia Coscollola, que no pensaba que Puigdemont tuviera intención de fugarse y que los Mossos no contactaron con la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Gendarmería francesa ni antes ni después de la entrada y salida del país de Puigdemont.
Tampoco hubo ningún dispositivo que tratara de impedir la libre circulación del prófugo por Barcelona. Ni hubo las más elementales comprobaciones sobre el paradero del prófugo, aseguró en sus respuestas a las partes. Y ni siquiera descartó que los tres mossos investigados por ayudar a Puigdemont en esta segunda fuga tuvieran acceso a los planes de los mandos para el día de autos.
El crimen perfecto. La cadena de responsabilidades se agota en Sallent, que tras la purga fue nombrado comisario jefe de la zona sur de la provincia de Barcelona.