Mientras los incendios forestales se suceden en Galicia y Castilla y León, y el presidente del Gobierno insiste en que la causa está en una "emergencia climática cada vez más acelerada, más grave y más asidua", los propios documentos oficiales del Ejecutivo señalan otra raíz del problema: la falta de gestión del monte y el abandono del medio rural. Aunque Pedro Sánchez defiende que "esto nos lo viene advirtiendo la ciencia desde hace mucho tiempo" y anuncia un pacto de Estado centrado en "la mitigación y adaptación a la emergencia climática", lo cierto es que tanto la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050 como el Plan Forestal Español 2022–2032 reconocen que la desaparición de las actividades agroganaderas tradicionales, la falta de planificación forestal y la ausencia de rentabilidad del sector son los principales factores estructurales detrás de la proliferación de incendios.
España cuenta con 28 millones de hectáreas forestales, pero buena parte de ellas están desatendidas. En diciembre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050 junto al nuevo Plan Forestal Español 2022–2032. Ambos documentos, elaborados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ofrecen un diagnóstico oficial que desmonta algunos de los discursos más repetidos sobre los incendios forestales, la gestión del monte y el supuesto protagonismo del cambio climático.
El abandono rural, primera causa estructural
El diagnóstico incluido en la Estrategia Horizonte 2050 es explícito: "Los incendios forestales son la consecuencia más evidente del cambio global, convirtiéndose en una de las principales amenazas (...), poniendo en riesgo incluso la vida de quienes viven y trabajan en el medio rural". Pero al mismo tiempo, el texto admite que la desaparición de las actividades agroganaderas tradicionales ha generado un escenario más vulnerable al fuego, debido a la acumulación de vegetación y a la falta de gestión.
La Estrategia subraya que los montes actuales son "paisajes culturales" moldeados durante siglos por la interacción humana, especialmente por el aprovechamiento agrosilvopastoral. Y advierte: "Dejar de hacer una gestión sostenible de los ecosistemas forestales supone asumir unos riesgos e incertidumbres muy elevados (...), como los incendios forestales, la desertificación o la pérdida de biodiversidad".
Diagnóstico demoledor: sin gestión, sin rentabilidad
El Plan Forestal Español 2022–2032 recopila debilidades estructurales que persisten desde hace décadas:
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Explotaciones forestales indefinidas y dispersas.
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Propiedad atomizada con figuras jurídicas complejas que dificultan la gestión.
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Rentabilidad nula o muy baja de muchas actividades forestales.
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Falta de información actualizada sobre mercados y producciones.
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Asociacionismo y asesoramiento casi inexistentes.
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Empleos forestales poco valorados y con malas condiciones, especialmente en zonas despobladas.
Además, el plan identifica como amenazas clave el abandono rural, la desertificación, la falta de mano de obra cualificada y una "opinión pública contraria a la gestión forestal".
Mucho discurso climático, poca inversión real
A pesar del lenguaje centrado en la adaptación al cambio climático, los propios objetivos del Gobierno reflejan carencias presupuestarias estructurales. Uno de los compromisos centrales de la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050 es que la inversión dedicada a la extinción de incendios no debe superar el 15% del total de la inversión forestal en 2050. El objetivo busca revertir la tendencia histórica, en la que hasta el 70% del gasto forestal se destina a extinción, relegando la prevención a niveles residuales.
"La inversión dedicada a la extinción de incendios forestales no puede superar el 15% del total de la inversión forestal en 2050".
Sin embargo, el documento no establece mecanismos concretos ni plazos intermedios de cumplimiento, ni impone esta limitación a las comunidades autónomas, que son las responsables principales de ejecutar las políticas forestales en sus territorios. Tampoco prevé sanciones ni sistemas de seguimiento efectivo.
Para entender el alcance de ese 15%, si se toma como referencia una inversión forestal estimada en 1.000 millones de euros anuales, el límite implicaría que solo 150 millones podrían destinarse a extinción, mientras que al menos 850 millones deberían canalizarse hacia prevención, gestión activa, limpieza del monte, quemas prescritas o restauración.
Además, el Plan Forestal Español 2022–2032 incluye otras metas ambiciosas:
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Aumentar la inversión forestal total por encima de los 100 euros por hectárea y año.
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Reducir a un máximo del 0,2% la superficie forestal quemada anualmente.
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Incrementar la superficie arbolada en 600.000 hectáreas mediante repoblaciones.
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Ordenar al menos el 50% de los montes privados mediante planes de gestión forestal.
Pero ninguna de estas metas viene acompañada de partidas presupuestarias concretas, ni se detallan qué administraciones asumirán la financiación o en qué plazos se ejecutarán los objetivos.
El documento insiste en que "los tratamientos preventivos siguen siendo la herramienta más rentable", pero lo hace como declaración de principios. No se prevé un cambio inmediato ni progresivo en la estructura real del gasto público forestal, ni se explicita cómo se va a garantizar el cumplimiento del nuevo reparto del presupuesto.
El resultado es un desequilibrio reconocido pero no corregido: la extinción sigue absorbiendo la mayor parte de los recursos, mientras que la prevención, clave para evitar incendios de gran magnitud, sigue sin estar reforzada presupuestariamente.
Falta de medios y paralización de la gestión
Los documentos tampoco incluyen refuerzos inmediatos de brigadas, personal técnico o medios materiales. No se plantean metas anuales de limpieza de monte ni quemas prescritas. No se cuantifican objetivos mínimos de gestión forestal activa. Solo se habla de incrementos acumulativos hacia 2050, sin fiscalización intermedia.
Por ejemplo, se plantea aumentar en 600.000 hectáreas la superficie forestal arbolada y alcanzar un aprovechamiento maderable del 50% del crecimiento anual, pero sin establecer mecanismos de cumplimiento por parte de las comunidades autónomas, competentes en materia forestal.
El relato verde frente a la realidad del territorio
El Gobierno presenta el plan como parte de la "transición ecológica" y lo alinea con la Agenda 2030, pero el propio documento admite que la actividad forestal tradicional está en retroceso, que los recursos no se movilizan y que los montes no están ordenados ni certificados en su mayoría.
La visión oficial para 2050 habla de montes "bien conservados activamente", pero reconoce que, actualmente, muchos ecosistemas forestales no están adaptados al cambio global ni protegidos frente a incendios, enfermedades o plagas.
La Estrategia reconoce que "los bosques y sistemas forestales bien gestionados" son la única vía para hacer frente a estas amenazas, pero admite también que no existe un marco legal eficaz para garantizar esa gestión en todo el territorio. Y que la dispersión administrativa y la falta de gobernanza efectiva siguen lastrando cualquier avance estructural.
"Dejar de hacer gestión es el mayor riesgo. El abandono propicia escenarios cada vez más adversos", concluye el texto de la Estrategia Horizonte 2050.
El Gobierno presume de medios aéreos, pero el problema es la prevención
Tras las críticas por los incendios, el Gobierno ha defendido su actuación cifrando en 56 los medios aéreos del dispositivo estatal y anunciando un aumento del 29% en el presupuesto de extinción para 2025. Sin embargo, esta dotación no supone un refuerzo estructural respecto a campañas anteriores, como reconocen los propios documentos oficiales.
Además, ese incremento va en la dirección opuesta al compromiso oficial de reducir progresivamente el peso de la extinción y priorizar la prevención. Según la Estrategia Forestal Horizonte 2050, la inversión dedicada a apagar incendios no debería superar el 15% del gasto forestal en 2050. Hoy, sigue representando una de las partidas más abultadas.