La lista de regalos de Pedro Sánchez al separatismo no acaba con la quita de la deuda pública de Cataluña y su empaquetamiento al resto de españoles.
La reunión de Salvador Illa en Bruselas con Carles Puigdemont sirvió para que el prófugo golpista ampliara las exigencias a Sánchez. Puigdemont pidió la aplicación de la amnistía a su caso particular, como era obvio. Pero también exigió avanzar en un asunto que supone otro choque frontal con la Constitución y que a Junts le preocupa especialmente.
Puigdemont pidió un control pleno de las fronteras, sin que los Mossos compartan presencia con Policía Nacional o Guardia Civil. Y ese control -propio en exclusiva de los países soberanos- les permitiría, por supuesto, aplicar la política de control de inmigración que ellos quisieran. Y ese tema a Junts le preocupa mucho por el avance electoral de Alianza Catalana, otro partido separatista pero que crece en los sondeos electorales catalanes por su política contra la inmigración ilegal.
Hay que recordar que las competencias en materia de control de fronteras son indudablemente de titularidad estatal, como recoge el artículo 149 de la Constitución. Pese a ello, Junts reclama a Sánchez que use el 150.2 de la Carta Magna, nunca previsto para competencias plenamente exclusivas como las fronteras, para transferir o delegar la presencia policial. Según los de Puigdemont, se trataría de una mera delegación competencial eludible por medio de una ley orgánica. Y eso es lo que exigen.
Pero el eje de esta reclamación tiene todo que ver con la deseo de mostrarse internacionalmente como lo que no es Cataluña: un país soberano. Y por eso las conversaciones entre socialistas y Junts se han centrado ya en el control pleno y exclusivo de las fronteras.
El pacto
En el último acuerdo cerrado entre separatistas y socialistas se aceptó que la policía catalana "gestionará la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas en cooperación con la Guardia Civil y la Policía Nacional". Pero Puigdemont no se contenta con esto. Quiere el control total. Traducido: echar a las fuerzas policiales nacionales.
Y todo ello llega mientras se da luz verde a la mutualización de la deuda autonómica. Porque el Gobierno ha aprobado ya, en Consejo de Ministros, el proyecto de ley para la quita masiva de la deuda autonómica. Con esta decisión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a manipular 83.252 millones de euros de la deuda de las CCAA con el único objetivo de agasajar a los independentistas catalanes.
De hecho, el plan de Sánchez supondrá un castigo para los ciudadanos que viven en territorios con menos deuda (o ninguna) con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como Madrid, y un premio para las CCAA que han sido más irresponsables desde la época previa a la creación del FLA. Además de un castigo adicional para las CCAA que han bajado impuestos, como Madrid.