La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, aseguró en su última declaración ante el juez Peinado que la labor de la asesora autoasignada de la mujer del presidente del Gobierno, Cristina Álvarez, se limitó a "favores" realizados "excepcionalmente". Pues bien, el exvirerrector Juan Carlos Doadrio tiene más de 230 mails cruzados con la asesora. Una cifra difícilmente calificable de favor excepcional.
Begoña Gómez acudió a esa declaración sin ninguna gana de aportar información adicional sobre la acusación de malversación de caudales públicos por el uso para sus negocios privados de un cargo de Presidencia del Gobierno de su marido. Porque Cristina Álvarez no es realmente una asesora de Begoña Gómez: es la directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.
La mujer del presidente se limitó en su declaración a contestar a su abogado – ni al juez ni a las acusaciones populares – y únicamente describió las funciones de ese cargo en Moncloa. En ese momento fue cuando afirmó que tan sólo le hizo favores "excepcionalmente".
La mujer de Pedro Sánchez, fue citada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, para declarar como investigada por un delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez. Varios correos electrónicos aportados al sumario muestran como la propia Álvarez gestionaba la recaudación de los patrocinios de empresas para la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense que la propia Begoña Gómez dirigía.
Según Gómez, Álvarez se encargaba de "coordinar la seguridad, actos y eventos. así como de llevar su Agenda institucional". También afirmó que le acompañaba a actos particulares porque era su amiga. Reconoció que tenía acceso a su correo electrónico porque, si no, no podría acceder a su agenda. Y, a su vez, reconoció que "excepcionalmente, esporádicamente contestaba a correos que no estaban relacionados con el trabajo, como favor privado por su relación personal".
Pues bien, resulta que esa cuestión tan supuestamente excepcional se extiende a nada menos que más de 230 mails con el que fuera vicerrector de la Complutense.
Hay que recordar que la defensa de Begoña Gómez pidió a la Audiencia Provincial de Madrid que dejara sin efecto la orden de Peinado de entregar todos sus mails en siete años para evitar que la UCO analice todo ese periodo de correos electrónicos de su cliente. A su juicio, la decisión del juez "carece de cualquier motivación" y ni delimita ni precisa el material a analizar, lo que considera que supone una vulneración de sus derechos.
"La providencia que se recurre no contiene ninguna consideración sobre el alcance de la investigación sobre una cuenta de correo electrónico que (...) puede guardar datos, fotografías, documentos que delimitan un ámbito que forma parte de los aspectos más íntimos de la personalidad", señaló su abogado en el recurso.