Fuentes jurídicas y fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que la investigación de la Fiscalía sobre las violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Gaza "es un paripé sin recorrido jurídico para seguir el relato del presidente del Gobierno Pedro Sánchez".
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acordaba este jueves la creación de un equipo de trabajo para investigar estos hechos formado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado. Ambos actuarán como coinvestigadores en las diligencias que se tramitarán en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con la colaboración del fiscal de Sala de Cooperación Internacional, Francisco Jiménez Villarejo.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la decisión adoptada por García Ortiz supone una demostración más de la colonización de las instituciones y de la propia Fiscalía, que ha acometido durante su Gobierno Pedro Sánchez. Lo único que se pretende con esta decisión es buscar titulares en los medios de comunicación".
"En este tipo de investigaciones lo que se valora son las pruebas sobre los presuntos delitos cometidos que se obtengan sobre el terreno, no recortes de prensa que se puedan enviar desde España. Además, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y la fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, Dolores Delgado, no son las personas más adecuadas para llevar a cabo una investigación así", apuntan.
El fiscal general ha justificado la investigación tras la petición hecha por Dolores Delgado, después de analizar un informe que la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía envió en junio a la Unidad que esta dirige. En el informe se recogen hechos que pudieran ser constitutivos de supuestos crímenes contra la comunidad internacional cometidos por el Ejército del Estado de Israel en la Franja de Gaza.
García Ortiz asegura en el decreto firmado que "concurren los presupuestos legales" para dar este paso, dada la "especial trascendencia" y "gravedad" de los hechos, así como el "número de víctimas hasta el momento". "Los hechos acaecidos supondrían graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, resultando de especial singularidad y complejidad una efectiva investigación que, además, presenta derivadas internacionales", afirma.
El jefe del Ministerio Público explica que el artículo 23.4 p) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) "atribuye jurisdicción a los tribunales españoles respecto de 'cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un tratado vigente para España o por otros actos normativos de una organización internacional de la que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determinen en los mismos'".
Y ello a pesar de que ese mismo artículo en su apartado a) establece que los tribunales españoles solo podrán investigar hechos cometidos fuera del territorio español que pudieran ser constitutivos de delito de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, cuando el procedimiento se dirija contra un español o contra ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.
"Cumplimiento de España en cooperación internacional"
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "recuerda la existencia de dos procedimientos seguidos ante tribunales internacionales, uno en la Corte Internacional de Justicia y otro en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con los que nuestro país tiene obligación de cooperar, de acuerdo con las leyes y los Tratados suscritos por España".
"Las diligencias de investigación tendrán por objeto recabar y preservar fuentes de prueba para ponerlas a disposición del órgano competente, dando cumplimiento con ello a las obligaciones asumidas por España en materia de cooperación internacional y derechos humanos. Esta iniciativa de la Fiscalía española coincide con la recomendación recogida en el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el territorio Palestino Ocupado que insta a los Estados parte a cooperar con la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", concluye.
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