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El Gobierno, en tromba contra Ayuso por el aborto y Sánchez avisa: "Llegaremos hasta la Constitución y el TC"

El Gobierno pone en marcha toda su maquinaria contra Ayuso y el presidente irrumpe en el debate de la Asamblea sobre el aborto.

El Gobierno pone en marcha toda su maquinaria contra Ayuso y el presidente irrumpe en el debate de la Asamblea sobre el aborto.
Pedro Sánchez en el Congreso. | Cordon Press

No es habitual que el presidente del Gobierno entre al trapo de los asuntos que se debaten en la Asamblea. Pero este jueves lo hizo para lanzar una seria advertencia a Isabel Díaz Ayuso. "Esta era la libertad que prometía Ayuso. Volver a los viajes clandestinos a Londres. Al clasismo y al señalamiento. Volver 50 años atrás. No lo vamos a permitir. El Gobierno usará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y, si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional".

Terciaba de esta forma Pedro Sánchez en el debate generado en la Asamblea a raíz de la pregunta que la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, formuló a la presidenta madrileña. Ayuso se centró en su intervención en la lista de médicos objetores que estos días desde el Ministerio de Sanidad han reclamado con ahínco. Lo hizo para manifestarse radicalmente en contra, desafiando así al propio Sánchez, que esta misma semana se dirigió por carta a los presidentes de Madrid, Aragón, Baleares y Asturias a los que reclama ya un registro de objetores del aborto. Lo hizo después de amagar con una reforma de la Constitución para blindar esta cuestión, en unas semanas en las que vuelven a cobrar fuerza los escándalos de corrupción que le acechan.

La presidenta aludió precisamente a la Carta Magna así como a la Declaración Universal de Derechos Humanos, y otros textos, para declararse radicalmente en contra de esta lista de objetores. "No voy a obligar a un médico en la Comunidad de Madrid a actuar contra su conciencia y su libertad. Y no voy a hacer una lista negra de médicos nunca", afirmó tajante. Ayuso subrayó que "no se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo".

Después la presidenta habló de cifras. "Cada año abortan en España 106.000 personas". "¿Les parece poco?", preguntó a los diputados de izquierda. "Pues váyanse a otro lado a abortar", lanzó. "A mí me parece un fracaso como sociedad, porque además en la mayoría de los casos se podría evitar. Está en nuestra mano evitarlo, pero eso les da igual y es de muy poca humanidad".

El "váyanse a otro lado a abortar" ha provocado una gran escandalera en el Gobierno, que asegura que Ayuso quiere "volver a los viajes clandestinos a Londres". En este punto cabe recordar que en Ceuta y Melilla, únicas regiones gestionadas por Mónica García, no se practica ni un solo aborto en la sanidad pública y las mujeres son desplazadas a clínicas privadas de Andalucía.

Así, no sólo el presidente sino también buena parte de su Consejo de Ministros ha entrado de lleno en esta cuestión. "Ninguna mujer se va a ir a otro lado a abortar", ha escrito Félix Bolaños. "Las mujeres no somos el campo de batalla de la derecha extrema. Este Gobierno no consentirá que pisoteen nuestros derechos", ha manifestado Ana Redondo. Óscar López o Mónica García son dos de los ministros que también han arremetido contra la presidenta madrileña por esta cuestión.

La izquierda vio una ventana de oportunidad con este asunto hace unos días, cuando el PP en el Ayuntamiento de Madrid apoyó una iniciativa de Vox en la que se instaba a informar a las mujeres del síndrome postaborto, que no está avalado por la ciencia. El alcalde José Luis Martínez Almeida se retractó en 24 horas, pero la maquinaria del Gobierno se puso en marcha.

Sánchez propuso entonces incluir el aborto en la Constitución, a pesar de que no tiene mayoría ni para sacar unos Presupuestos. La ministra de Sanidad, por su parte, presentó el pasado 1 de octubre el informe sobre las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) correspondientes al año 2024 y esta semana volvió a hacerlo desde Moncloa. Y el lunes el presidente envió una carta donde exige a Madrid, Aragón, Baleares y Asturias la creación del registro de médicos objetores de conciencia, requisito al que obliga la ley de 2023. Ahora, advierte: "El Gobierno usará todos los instrumentos legales a su alcance (…). Y si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional".

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