
Un Tribunal Supremo dividido afronta el histórico juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Precisamente, García Ortiz fue uno de los grandes ausentes del desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre que se celebró este domingo con motivo de la Fiesta de la Hispanidad.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha señalado entre el 3 y el 13 de noviembre el juicio contra García Ortiz por un delito de revelación de secretos, tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. En concreto, las sesiones del juicio se celebrarán los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre, en jornadas de mañana y tarde, que comenzarán a las 10:00 horas. El tribunal que juzgará al fiscal general del Estado estará formado por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Ana María Ferrer, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el tribunal que juzgará a García Ortiz en el Supremo está dividido. La Sala de Apelación del Alto Tribunal ratificó el procesamiento del fiscal general con el voto favorable de los magistrados Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres, mientras el magistrado Andrés Palomo presentó un voto particular al considerar que no existían indicios suficientes para acusar a García Ortiz de la filtración contra el novio de Ayuso".
"La postura del magistrado Palomo no es aislada en el seno del Alto Tribunal al contrario de lo que se pensaba inicialmente. Algunas voces del Supremo consideran que el caso contra el fiscal general ha ido demasiado lejos y que en España se producen filtraciones de casos judiciales a la prensa a diario", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la hipotética condena a García Ortiz en ningún caso conllevaría su ingreso en prisión, a pesar de que alguna de las acusaciones ha solicitado 6 años de cárcel para el fiscal general del Estado.
Otra incógnita es la facilidad que dará el Supremo a los medios de comunicación para que cubran el juicio. Hay magistrados que no quieren que se retransmita en directo como sucedió en la vista oral sobre el golpe del 1-O. La última palabra la tendrá el presidente de la Sala Penal Martínez Arrieta".
En el auto de admisión de pruebas solicitadas por las partes, el tribunal que juzgará a García Ortiz consideró pertinentes la declaración de 40 testigos, entre los que se encuentran 8 fiscales, más 2 responsables de prensa de la Fiscalía, 12 periodistas, 11 guardias civiles de la UCO, 4 políticos, 2 abogados, y el acusador particular Alberto González Amador.
Concretamente, los ocho fiscales que comparecerán son Julián Salto, Almudena Lastra, Pilar Rodríguez Fernández, Diego Villafañé, Agustín Hidalgo de Morillo, María Antonia Sanz Gaite, Esmeralda Rasillo, y Diego Lucas Álvarez, y dos responsables de prensa de la Fiscalía General y de la Fiscalía de Madrid, respectivamente. Los políticos citados son Miguel Ángel Rodríguez (Comunidad de Madrid), Francesc Vallés y Pilar Sánchez Acera (ambos con cargos en Presidencia del Gobierno en la época de los hechos), y Juan Lobato (exsecretario general del PSOE de Madrid).
Se enfrenta a su expulsión de la Fiscalía
Cabe destacar que Álvaro García Ortiz puede enfrentarse a su expulsión de la Carrera Fiscal si finalmente es condenado por un delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal y es inhabilitado para cargo público.
El artículo 32.4 del Reglamento del Ministerio Fiscal establece que la "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso, sin perjuicio de la facultad que concede el artículo 44.2.º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a la persona titular de la Fiscalía General del Estado para sustituir la pérdida de condición de fiscal por la sanción de suspensión en los casos en que la pena no fuera superior a 6 meses", supone la pérdida sobrevenida de la condición de fiscal.
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