A pocos días de cumplirse medio siglo de la muerte de Francisco Franco, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha reclamado al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que se elimine cualquier referencia al rey emérito Juan Carlos I en calles, edificios y espacios públicos. La entidad sostiene que el monarca fue "un dirigente del franquismo" y que su nombre debe desaparecer del espacio público "en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática".
La petición llega al ministerio dirigido por Ángel Víctor Torres justo cuando se cumplen 50 años de la segunda ocasión en que Juan Carlos de Borbón asumió temporalmente la jefatura del Estado por enfermedad del dictador, el 30 de octubre de 1975. Según la ARMH, aquel hecho, junto con su designación como sucesor de Franco en 1969, convierte al entonces príncipe en una figura vinculada al régimen.
"Juan Carlos fue jefe de Estado de la dictadura y eso le convierte en un dirigente del franquismo", asegura Emilio Silva, presidente de la ARMH. "Presidió consejos de ministros mientras había detenidos y torturados, miles de republicanos muriendo en el exilio sin poder volver a sus casas, censura en la cultura y los medios de comunicación y falta de libertades fundamentales", sostiene.
Retirada de cualquier referencia al rey emérito
La organización se ampara en el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, que considera contrarios a la memoria "los elementos que exalten a dirigentes o participantes del sistema represivo de la dictadura". En este sentido, la ARMH pide que todas las administraciones, desde el nivel estatal hasta el municipal, adopten las medidas necesarias –incluso mediante la vía contencioso-administrativa– para retirar cualquier referencia al rey emérito y sancionar los posibles incumplimientos.
Silva insiste además en que la impunidad del franquismo persiste por la llamada Ley de Amnistía de 1977. "Muchas veces cuando la gente piensa en la Ley de Amnistía cree que protege a policías torturadores y a alguno de sus jefes, pero es una ley intocable porque garantiza la impunidad a todas las personas que formaron parte de la dictadura, de arriba abajo y de abajo arriba", denuncia.
La memoria democrática, la nueva cortina de humo del Gobierno
La iniciativa de la ARMH se suma a otras polémicas recientes en torno a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, una norma que continúa generando debate por su interpretación expansiva de lo que se considera "exaltación" del franquismo. Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez conmemora los "50 años de España en libertad", desde la oposición denuncian que el Gobierno utiliza la memoria histórica como una cortina de humo para tapar los múltiples casos de corrupción que salpican a su entorno.
El propio ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se encuentra pendiente del nuevo informe de la UCO sobre la trama de las mascarillas, un caso que afecta directamente a su etapa como presidente de Canarias. En paralelo, el Gobierno central ha intensificado la declaración de Lugares de Memoria Democrática en la capital: tras la Real Casa de Correos el miércoles y la tapia del cementerio de La Almudena el jueves, el pasado viernes fue el turno de la antigua prisión provincial de hombres de Madrid, conocida como la cárcel de Carabanchel.
Desde la Comunidad de Madrid interpretan estos movimientos como una maniobra política. "Se trata de una nueva cortina de humo para no hablar de la corrupción de Estado que el autócrata Sánchez ha traído a nuestro país desde que es presidente", afirmó la semana pasada Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.