Jueces y fiscales tachan la reforma judicial del ministro de Justicia Félix Bolaños de desafío a la "independencia judicial" aunque creen que no verá la luz.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que entregará la dirección de las investigaciones penales a los fiscales en detrimento de los jueces. Dicho proyecto también contempla limitar el papel de las acusaciones populares en las causas y una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para otorgar la dirección de la Policía Judicial a los fiscales.
Fuentes jurídicas y fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "la reforma de Bolaños es un desafío al Estado de Derecho al otorgar en este momento actual la instrucción a los fiscales. Todo ello, a menos de una semana para que el máximo representante del Ministerio Público, el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, sea juzgado en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso".
"El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la reforma de la LECrim, pero aún debe tramitarse en el Parlamento. Con la situación política actual es probable que dicha reforma no vea la luz, al no conseguir recabar Sánchez los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados. A día de hoy es papel mojado, un brindis al sol", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la reforma de la LECrim es monstruosa que no va a dar tiempo al Gobierno a sacar adelante. A día de hoy es inviable su tramitación parlamentaria. Es una ‘Bolañada’ más para acaparar los titulares de los medios de comunicación".
"El Ejecutivo proyectó una ‘vacatio legis’ (período de tiempo entre la publicación de una ley y su entrada en vigor obligatoria) inicial de 6 años para poder implantar la reforma una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ahora lo ha reducido a apenas año y medio y afirma que la reforme entraría en vigor en enero de 2028. Es un completo disparate. Además, la plantilla de fiscales no es suficiente para poner en práctica la reforme", afirman.
"Existe el peligro de que el Gobierno desgaje la reforma judicial para intentar sacar adelante solo la inhabilitación de las acusaciones populares e intentar boicotear todos los casos de corrupción que afectan a la familia y al partido de Pedro Sánchez", concluyen.
La presentación de Bolaños
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) que delimita la figura de la acusación popular para dejar fuera a los partidos políticos no afectará a las causas abiertas antes de 2028, como el procedimiento que se sigue contra la esposa del presidente del Ejecutivo, Begoña Gómez, aunque no se ha referido expresamente al mismo.
Así lo ha explicado Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al incidir en que la norma aprobada este martes por el Gobierno está redactada para que entre en vigor el 1 de enero de 2028, por lo que no afectaría a los procedimientos penales iniciados antes de esa fecha.
El texto, que empezará ahora su andadura parlamentaria, prevé delimitar la figura de la acusación popular para dejar fuera a las personas jurídicas públicas, partidos políticos, sindicatos o asociaciones dependientes de ellos." Es evidente que hoy la acusación popular es una herramienta que utilizan las organizaciones ultras, muy bien financiadas, para perseguir a personas progresistas y a su entorno solo por ser progresistas", ha aseverado Bolaños.
En la actualidad, varias de las causas penales más mediáticas han surgido o cuentan con la presencia de partidos políticos, sindicatos y asociaciones entre las acusaciones populares. Este es el caso de las investigaciones abiertas contra Begoña Gómez o David Sánchez, en las que ejercen esta figura el PP o Vox, así como Manos Limpias o Hazte Oír.
Además de delimitar el quién, el nuevo texto restringe también cuáles son los delitos concretos en los que se puede ejercer la acusación popular. Entre ellos, los relativos a corrupción, contra derechos de los consumidores, los de odio, los de violencia sobre la mujer o los de financiación ilegal.
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