Después de que el Tribunal Supremo haya establecido que las autopistas no podrán cobrar peajes íntegros a los usuarios cuando el servicio se vea afectado por obras, el Principado de Asturias estudiará si esta sentencia puede aplicarse al polémico peaje del Huerna (AP-66) que los asturianos llevan meses pidiendo que se retire.
La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha afirmado este miércoles que la sentencia del Tribunal Supremo "requiere un análisis detallado". Todo después de que el Supremo haya determinado que la concesionaria Audasa deberá devolver los peajes cobrados a los usuarios de la AP9, que conecta La Coruña y Vigo, afectados entre febrero de 2015 y junio de 2018, por las 81 incidencias durante estas obras.
Llamedo ha asegurado que el Ejecutivo asturiano continuará "liderando los pasos necesarios para acabar con un peaje ilegal y discriminatorio, una herencia envenenada del Gobierno del Partido Popular". En relación con la sentencia, la vicepresidenta ha señalado que "requiere de un análisis detallado, de un estudio en profundidad para ver cuál es su fundamento y si sería de aplicación a nuestra situación". "Eso es algo que necesita un estudio riguroso y ver si, como decía, se adapta a la situación de este caso", ha sentenciado.
El Gobierno de Sánchez lo descarta
Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su intención de no liberalizar este peaje. Esta misma semana la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena Rodríguez, ha descartado la liberalización del peaje alegando que el Gobierno "no puede asumir las implicaciones jurídicas y económicas" que supondría el rescate, aunque ha insistido en esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la legalidad en la decisión que tomó el Gobierno del PP de ampliar la concesión.