La Fiscalía y la Abogacía del Estado han criminalizado a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el Tribunal Supremo para salvar al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.
Este miércoles se ha celebrado la quinta sesión del juicio contra García Ortiz por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. La sesión comenzaba por la mañana con la declaración de 9 agentes de la UCO que participaban en las entradas y registros de los despachos del fiscal general y de la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez, así como en el volcado de los dispositivos electrónicos intervenidos y la elaboración de los respectivos informes. Posteriormente, declaraban tres mandos de la UCO en calidad de peritos y por la tarde, comparecía desde el banquillo de los acusados el propio fiscal general.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "los representantes de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado han criminalizado durante sus interrogatorios a los agentes de la UCO con el único objetivo de salvar al fiscal general. Es una vergüenza que estas instituciones del Estado se hayan prestado a insinuar que los agentes actuaron de forma desproporcionada e ilegal en las entradas y registros vulnerando el derecho de defensa. Esta estrategia es habitual en letrados que defienden a acusados por delitos de narcotráfico".
"Especialmente grave ha sido la actuación de los dos representantes de la Fiscalía que han intentado reflejar una supuesta extralimitación de la Guardia Civil en su función de Policía Judicial al servicio del juez instructor cuando realizaron la copia de los dispositivos electrónicos de García Ortiz. Cabe destacar que la Policía Judicial depende constitucionalmente de los jueces y de los propios fiscales", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "los agentes de la UCO han dejado claro en todo momento que es imposible técnicamente realizar una copia parcial y no completa de los dispositivos. No obstante, los guardias civiles constataron que la investigación únicamente se limitó a la semana en la que se produjeron las filtraciones entre el 8 y el 14 de marzo de 2024 y el resto de información volcada no fue analizada".
"Es inaudito que dos instituciones como la Fiscalía y la Abogacía del Estado se pongan al servicio del fiscal general de esta forma y lleguen incluso a acusar prácticamente a la Guardia Civil de delinquir", concluyen. Este jueves se celebrará la última sesión del juicio con la presentación de los informes finales por las partes.
La declaración de García Ortiz señalando a la UCO
El propio Álvaro García Ortiz en su declaración como acusado, en la que sólo contestaba a las dos preguntas que le formulaba la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde y al representante de la Abogacía del Estado, afirmaba que le parecía "particularmente grave y doloroso" el hecho de que la UCO entrara en su despacho "no solo para el fiscal general sino para la Fiscalía Española". El fiscal general también justificaba el borrado de sus teléfonos móviles: "Tengo borrados automáticos, tengo borrados 24 horas, evidentemente con muchos chats, pero sistemáticamente, no permito que permanezca más de un mes en mi WhatsApp la información contenida en chat que pueden tener información profesional o relaciones profesionales. No lo permito y lo hago de manera sistemática".
Poco antes de terminar su declaración, García Ortiz contaba al tribunal que una persona que conoce le ha dicho una frase que le parece un resumen de lo que ha ocurrido en este caso. "Dice la verdad no se filtra, la verdad se defiende, y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí". A continuación, el tribunal le ha dado permiso para volver a estrados y le ha dado las gracias.
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