El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que opina que la Ley de Amnistía no es contraria al derecho de la Unión Europea en lo relativo a financiar golpes de Estado con dinero público y al terrorismo tiene un pasado que le delata como enemigo de la justicia española.
En 2013 presidía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condenó a España por la "doctrina Parot", la doctrina del Tribunal Supremo que impedía que etarras condenados por múltiples asesinatos fueran excarcelados en pocos años por la acumulación de beneficios penitenciarios.
Según el TEDH que presidía este luxemburgués nacido en 1962, España había violado los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en relación a un recurso presentado por la etarra Inés del Río, condenada a 3.828 años de prisión por 24 asesinatos, entre ellos los 12 guardias civiles asesinados en el atentado de la plaza República Dominicana de Madrid. Inés del Río salió de la cárcel tras haber cumplido 26 años de los 30 que debería haber cumplido con la doctrina Parot. Tras ella fueron excarcelados más de sesenta etarras, así como otros siete terroristas de los Grapo.
El artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos se resume en que "no hay pena sin ley" y establece la prohibición de la retroactividad en materia penal, garantizando que nadie puede recibir una pena más grave que la aplicable en el momento en que cometió los delitos. El Artículo 5.1 protege el derecho a la libertad y seguridad personal, indicando que nadie puede ser privado de su libertad, excepto en los casos y de la manera previstos por la ley.