El Tribunal Supremo planea juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama el próximo mes de febrero por la pieza principal de la Trama Koldo.
El magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, acordó la semana pasada el ingreso en prisión provisional del exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por la comisión de los posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, al apreciar riesgo de fuga "extremo". Todo ello, después de que el propio Puente acordara su procesamiento el pasado mes de noviembre.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el Supremo pretende juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama lo antes posible, tal y como sucedió en el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los tiempos para enjuiciar del Alto Tribunal suelen ser rápidos, no obstante, este procedimiento es causa con presos tras el encarcelamiento del exministro de Transportes y de su exasesor. Al ser causa con preso, los trámites se aceleran aún más para celebrar la vista oral".
"En principio, los planes del Supremo pasan por sentar en el banquillo de los acusados a Ábalos, Koldo y Aldama el próximo mes de febrero y en todo caso, en la primavera. No obstante, aún está pendiente que el magistrado instructor acuerde la apertura de juicio oral, el último trámite antes de la celebración del juicio".
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el tribunal que celebrará el juicio estará presidido por el presidente de la Sala Penal del Supremo Andrés Martínez Arrieta junto a los magistrados Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana María Ferrer García y Eduardo de Porres, que integraron la Sala de admisión del Supremo que abrió causa penal contra Ábalos al estar aforados tras la exposición razonada remitida por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno".
"El tribunal se cerrará con la designación de otros dos magistrados del Supremo que por turno corresponda y que no hayan formado parte de la Sala de Apelación de este procedimiento. Su nombre se conocerá próximamente", concluyen.
Recordamos que en su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción solicitó 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. El Ministerio Público también reclamó que se les condenase a pagar una multa de unos 3,9 millones de euros.
Por su parte, las acusaciones populares solicitaban penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo. A ambos les atribuía los mismos delitos que señalaba la Fiscalía y añadía otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial.
"Indicios más que suficientes"
En sendos autos de prisión de José Luis Ábalos y Koldo García, el instructor señalaba que, de acuerdo con lo expresado por la Fiscalía y la acusación popular, además de existir indicios más que suficientes de la eventual comisión de graves hechos delictivos, el posible riesgo de que dichos acusados pudieran sustraerse a la acción de la justicia resulta, en este momento, extremo, por lo que entiende que no puede conjurarse con el simple mantenimiento de las medidas cautelares que pesaban hasta ahora sobre ambos. Destacaba al respecto que existen numerosos indicios racionales de criminalidad frente a ambos, formalizados ya en una resolución judicial de imputación, con relación a la eventual comisión de varios graves delitos.
En el mismo auto referido a José Luis Ábalos, el juez acordaba que, por la Letrada de la Administración de Justicia, se pusiera en conocimiento de la presidenta del Congreso de los Diputados, del que el investigado es miembro, la presente resolución, en cuanto afecta a la situación personal del aforado, así como el auto de fecha 3 de noviembre del presente año (auto de procedimiento abreviado) para la mejor comprensión de lo acordado, de conformidad con lo que se determina en el artículo 14.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados.
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