El estado de ánimo de la fontanera Leire Díez se ha resentido después de tres días entre rejas esperando a pasar a disposición judicial. Díez se encuentra "regular" y su comportamiento de este sábado ha distado mucho de cómo ha venido comportándose anteriormente.
Díez ha pasado este sábado a disposición judicial y, tras negarse a declarar por no conocer la causa por la que ha sido arrestada, ha sido puesta en libertad con medidas cautelares: prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial. En la misma situación han quedado el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y el socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso; ambos arrestados en el marco de la misma causa que Díez.
Su puesta en libertad se ha decretado después de tres días arrestada por la investigación que versa sobre el supuesto amaño de adjudicaciones públicas a cambio de mordidas ilegales en diferentes ámbitos de la administración, entre los que destacan las empresas dependientes de la SEPI. Estos tres días le han supuesto un mazazo anímico a una persona que, hasta este jueves, salía de las sedes judiciales con la cara descubierta.
"Está regular", ha certificado una persona cercana a su entorno a Libertad Digital al respecto de su estado de ánimo: "¿Cómo puede estar una persona después de tres días encerrada?". Estas mismas fuentes han destacado que Díez no ha podido verse con su abogada en estos tres días para preparar la declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña.
Este estado de ánimo se ha constatado con su salida del órgano judicial cuando, en lugar de salir con calma como se le ha visto en declaraciones anteriores en los Juzgados de Plaza de Castilla, ha salido con prisa cubriéndose la cara con una chaqueta para entrar a un taxi previamente parado por su abogada.
Cabe recordar que Díez estaba siendo investigada por supuestos intentos de sobornar a fiscales y altos cargos de la policía judicial para evitar las investigaciones sobre la presunta corrupción instalada en el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por lo tanto, el nuevo caso que ha trascendido en la Audiencia Nacional y que se encuentra bajo secreto de sumario, abre un nuevo e inesperado frente judicial para la fontanera socialista; en este ha sido imputada por haber cometido supuestos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.