Las pesquisas en torno a la segunda fuga de Carles Puigdemont no avanzan precisamente a un ritmo ágil. Casi un año y medio después de que Puigdemont reapareciera en Barcelona para la sesión de investidura de Salvador Illa, la juez de Barcelona que lleva el caso ha movido pieza. Exige la incautación de los teléfonos móviles de los tres agentes de los Mossos investigados por encubrimiento.
Según ha avanzado La Razón, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, María Antonia Coscollola, ordena a estas alturas la incautación forzosa de los teléfonos móviles de David Goicoechea, Xavier Manso y Jordi Rodrigo para tratar de averiguar si entre el 8 de julio y el 9 de agosto del año pasado (Puigdemont apareció y desapareció el 8 de agosto) llevaron a cabo alguna clase de "actuación coordinada" para impedir el cumplimiento de la orden de detención del Tribunal Supremo sobre el líder golpista que vive en Waterloo.
Según esta información, la magistrada ha accedido a una petición de la Unidad de Asuntos Internos de la propia Policía Autonómica Catalana. Eso sí, los Mossos tampoco mostraron el celo que cabría esperar puesto que fue el mes pasado cuando pidieron esa incautación a la juez.
Obligada por la Audiencia Provincial
La magistrada se ha visto obligada por la Audiencia de Barcelona a practicar esa diligencia, que rechazó en primera instancia porque se lo pidió la organización Hazte Oír. Ahora y a instancias de la Fiscalía, autoriza el "volcado, análisis y estudios" de siete móviles propiedad de los tres agentes citados.
Sin embargo, es probable que ocurra como en el caso del exfiscal general Álvaro García Ortiz. En su oficio a la juez, la Unidad de Asuntos Internos de los Mossos incluía la posibilidad de que los tres agentes investigados hubieran utilizado otros móviles para coordinar la operación de introducción y extracción de Puigdemont o que hayan borrado todo rastro de comunicaciones en sus dispositivos.
El expresidente de la Generalidad que lideró el golpe de Estado se presentó en Barcelona el 8 de agosto de 2024 y logró escapar tras burlar un operativo de casi mil Mossos d'Esquadra con órdenes de mirar hacia otro lado exactamente igual que durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
El pasado mes de junio compareció como testigo en el juzgado el exjefe de los Mossos que diseñó el operativo para no detener a Puigdemont, Eduard Sallent, que fue cesado pocos días después de la fuga por Josep Lluís Trapero, ascendido por Salvador Illa a director general de la Policía Autonómica. Sallent aseguró que no contemplaron la hipótesis de que Puigdemont pretendiera fugarse a pesar de los reiterados anuncios del expresidente en esa dirección. Sallent admitió además que no contactaron ni con la Policía Nacional, ni con la Guardia Civil ni con la Gendarmería francesa para tratar de impedir que el prófugo entrara o saliera de España sin problemas.