La asociación de fiscales de García Ortiz pide a sus socios que le ayuden a pagar la multa

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha puesto en marcha una propuesta de colaboración entre sus asociados para poder pagar la condena económica que recae sobre el recientemente condenado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La UPF es la asociación de fiscales izquierdista a la que ha pertenecido García Ortiz.

La UPF asegura hacer un llamamiento "frente a una condena que nos interpela a todos". El Tribunal Supremo impuso a García Ortiz, aparte de dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados y el pago de una indemnización de 10.000 a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La asociación explica que "no puede permanecer indiferente ante el impacto personal y familiar que una sanción penal de estas características produce". "Se trata de una expresión de apoyo entre compañeros y compañeras de una misma carrera que comparten una función constitucional, una vocación de servicio público y el compromiso con el Estado de Derecho", explican desde la UPF.

La defensa de la UPF a García Ortiz

De igual manera, como ya publicó Libertad Digital, la misma asociación de fiscales impulsó una recogida de firmas para que la ciudadanía haga presión hacia el Gobierno de Pedro Sánchez con el objetivo de que este indulte al exfiscal general del Estado.

Además, después de conocerse la sentencia contra García Ortiz, la UPF publicó un comunicado en redes sociales saliendo en su defensa y asegurando que "las resoluciones judiciales no solo deben ser justas, tienen que parecerlo, despejando toda sombra de duda sobre el respeto pleno a la presunción de inocencia y a las garantías del Estado de Derecho".

En este comunicado la UPF señaló que el caso del fiscal general del Estado colisiona directamente con tres bienes constitucionales: presunción de inocencia del investigado/acusado, derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y deber de defensa institucional del Ministerio Fiscal.