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El chollo de Montero y Puente: se embolsan 29.000 euros para vivienda pese a vivir gratis en casas oficiales

La indemnización, exenta de impuestos, se cobra pese a que ambos ministros tienen todos los gastos de alojamiento cubiertos por el Estado.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante el pleno que el Congreso celebra este jueves. | EFE

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, perciben cada uno 29.104,88 euros anuales libres de impuestos del Congreso de los Diputados en concepto de indemnización por gastos de vivienda en Madrid, a pesar de que ambos residen en inmuebles oficiales sufragados íntegramente por el Estado, según informa ABC este martes.

Los dos ministros mantienen su acta de diputados, Montero por Sevilla y Puente por Valladolid, y, aunque no cobran sueldo parlamentario al formar parte del Gobierno, sí reciben la dieta mensual que la Cámara Baja asigna a los diputados elegidos fuera de Madrid. Esta indemnización asciende a 2.078,92 euros al mes en catorce pagas, destinada teóricamente a cubrir gastos derivados del alojamiento en la capital.

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Sin embargo, en ambos casos se da una duplicidad de beneficios públicos. María Jesús Montero reside en una vivienda habilitada dentro de las dependencias del Ministerio de Hacienda, mientras que Óscar Puente ocupa un ático de lujo propiedad de Patrimonio del Estado, situado a escasos metros del Congreso de los Diputados y reformado con una inversión pública superior al millón de euros.

La indemnización que abona el Congreso está exenta de tributación, amparada por el artículo 17.2 b) de la Ley del IRPF, que considera estas cantidades como compensación por gastos. La única forma de dejar de percibirla sería renunciar expresamente a ella, algo que ninguno de los dos ministros ha hecho, a diferencia de otros miembros del Ejecutivo que sí entregaron su acta de diputado.

Desde el entorno de Óscar Puente reconocen que el ministro cobra íntegramente esta cantidad y defienden su legalidad. "Es legal y la cobra como cualquier otro diputado que no es de Madrid", señalan a ABC fuentes del gabinete. Asimismo señalan que la percibe como cualquier diputado que no es de Madrid y es para gastarlo "en lo que considere", restando importancia a la polémica y recuerdan que ha habido precedentes similares.

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La controversia sobre estas dietas no es nueva. Desde hace años, el Congreso abona esta compensación a diputados que, aunque elegidos por provincias, residen de forma permanente en Madrid, lo que ha generado críticas recurrentes. No obstante, el caso de Montero y Puente resulta especialmente llamativo al tratarse de ministros que no solo no afrontan gastos de alojamiento, sino que además viven en residencias oficiales gestionadas por el propio Ministerio de Hacienda, responsable de Patrimonio del Estado.

Los sueldos íntegros e inmuebles de Montero y Puente

María Jesús Montero percibe 123.994,70 euros brutos al año, de los cuales 94.889,82 corresponden a su sueldo como vicepresidenta y ministra, y 29.104,88 a la indemnización del Congreso. Por su parte, Óscar Puente ingresa 110.941,72 euros anuales, sumando su salario como ministro y las dietas parlamentarias exentas de impuestos, según datos recabados por Newtral.

En el caso del ministro de Transportes, su residencia oficial es un ático de 575 metros cuadrados, dividido en dos viviendas, cuya reforma integral costó 1.067.082,59 euros, con posibles sobrecostes adicionales. El inmueble, situado entre el paseo del Prado y el Congreso, cuenta con materiales de alta gama y climatización valorada en unos 200.000 euros, según fuentes conocedoras de la obra.

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A pesar de que tanto Montero como Puente disponen de patrimonio inmobiliario propio, ella con varios inmuebles en Sevilla y él con viviendas en Valladolid y Alicante, ambos se benefician simultáneamente de vivienda oficial, dietas parlamentarias y servicios asociados al cargo ministerial, como vehículos oficiales y viajes organizados por sus departamentos.

Todo ello vuelve a poner en el foco el sistema de indemnizaciones del Congreso y la falta de mecanismos que eviten el cobro de compensaciones por gastos que, en la práctica, no se producen.

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