El Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano se ha negado a rehacer 6 informes de fiscalización sobre los contratos realizados durante la pandemia del covid-19. Esta solicitud fue efectuada por el Parlamento a través de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas es un órgano parlamentario permanente de las Cortes Generales de España y actúa como principal canal de relación y control entre el Parlamento y el tribunal que preside Chicano. Dicha comisión aprobó el pasado 30 de abril de 2024 hasta 6 resoluciones diferentes en las que se instaba al Tribunal de Cuentas a rehacer informes sobre los contratos durante la pandemia del COVID-19 al considerar insuficientes los realizados hasta la fecha.
No obstante, el programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2026 aprobado por el Pleno el 18 de diciembre de 2025, al que ha tenido acceso Libertad Digital, no incluye las 6 peticiones de informes realizadas por el Parlamento a través de la citada Comisión Mixta.
Concretamente, se reclamó al Tribunal de Cuentas rehacer los informes sobre estas seis áreas temáticas relacionadas con la contratación durante la pandemia: fiscalización de "los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por los ministerios del Área de Administración Económica del Estado y sus organismos autónomos", "los contratos en el ámbito del sector público empresarial estatal no financiero", y "los contratos de las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin Órgano de Control Externo propio".
También sobre la fiscalización de los "contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por los ministerios del Área Político-Administrativa del Estado y sus organismos autónomos", "los contratos en el ámbito de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social", y por último, sobre "los contratos en el ámbito de autoridades administrativas independientes, otras entidades públicas y fundaciones estatales".
Las resoluciones de la Comisión Mixta reprochaban a la presidenta del Tribunal de Cuentas Enriqueta Chicano "las insuficientes explicaciones dadas en la Comisión del día 11 de abril de 2024 sobre las cuestiones planteadas".
A pesar de estas peticiones, el programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas aprobado para el año 2026 se limita a recoger un futuro informe sobre la "fiscalización de la situación y resultados a 31 de diciembre de 2024 de los avales del Estado concedidos a empresas y autónomos por medio de las líneas del Instituto de Crédito Oficial para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19" y una "nota complementaria al Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos afectados por la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19".
El Tribunal de Cuentas en alerta por la financiación ilegal del PSOE
Tal y como publicó este diario, el Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano se encuentra en alerta ante el temor de que la investigación de la Audiencia Nacional sobre la financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez les acabe salpicando.
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 Ismael Moreno puede requerir determinada documentación o información al Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de las cuentas del PSOE, que deje en una situación muy delicada al tribunal de Chicano. El temor en el Tribunal de Cuentas radica en que la Audiencia Nacional acuerde determinadas diligencias de investigación que evidencien la posible inacción o negligencia del tribunal a la hora de fiscalizar las cuentas del Partido Socialista y detectar su presunta financiación ilegal. Es decir, puede sacar a relucir que no se requirió al PSOE la información necesaria para fiscalizarlo, o que teniendo dicha información no se investigó.
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