El ministro de Transportes, Óscar Puente, puede enfrentarse a una pena de hasta 4 años de prisión por la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba).
La nueva titular del Tribunal de Instancia plaza nº 2 de Montoro (Córdoba), Cristina Pastor Recover, ha asumido la investigación del accidente ferroviario en el término cordobés de Adamuz con una plantilla conformada por doce funcionarios. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado que este Juzgado recibirá "de forma inminente" un juez de refuerzo y a un letrado de la Administración de Justicia, "sin perjuicio de futuros refuerzos".
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la investigación debe esclarecer si los hechos son constitutivos de un presunto delito de homicidio imprudente con resultado de 45 fallecidos hasta el momento. La paradoja de este tipo de delitos es que la pena que se impone no depende de la consecuencia final del delito. Por lo tanto, se impone una condena máxima de hasta 4 años de cárcel por un homicidio imprudente, independientemente del número final de víctimas ocasionado, ya que no es un delito doloso".
"La investigación por parte del Juzgado de Montoro apenas se ha iniciado. Ahora se deberá recabar toda la información sobre posibles denuncias internas efectuadas por maquinistas u otro personal de Adif y Renfe que afecten al tramo ferroviario donde tuvo lugar el accidente", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "si la jueza de Montoro logra acreditar que el ministro de Transportes Óscar Puente fue informado previamente del estado deficiente de las vías o de la infraestructura ferroviaria y no adoptó ninguna decisión para arreglar esta situación, sería responsable de los 45 homicidios imprudentes, ya que su omisión habría incrementado el riesgo de que se produjera el accidente. Todo ello, a pesar de que no tuviera intención o voluntad de ocasionar las muertes".
"Si Puente fuera señalado por algún subordinado como el presidente de ADIF en una declaración en sede judicial, la instructora debería elevar una exposición razonada ante el Tribunal Supremo contra el ministro para que sea imputado por el homicidio imprudente de 45 personas. Posteriormente, si fuera juzgado y condenado, podría enfrentarse hasta a 4 años de prisión", concluyen.
Cabe destacar que el artículo 142 del Código Penal establece que "el que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años". "Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de tres a seis años", añade.
El propio Óscar Puente afirmaba este miércoles que "dos o tres trenes" que pasaron antes que el Iryo accidentado "tienen marcas similares" a las encontradas en los bogies (piezas que unen los ejes con las ruedas) de este tren y la cuestión es conocer "si había algo sobre las vías" o "si era la propia vía, que estaba empezando a romperse". Después, no descartaba ninguna hipótesis: "No se descarta nada en el accidente de Adamuz, pero es una posibilidad innegable que el estado de la vía pueda ser la causa".
Los investigadores pedirán los informes de conservación de la vía
Tal y como ha publicado este diario, la Guardia Civil ha iniciado ya sus funciones como policía judicial en el caso abierto en un juzgado de Montoro por el accidente mortal del tren al paso por Adamuz (Córdoba). Y una de las diligencias que valoran ya es la solicitud de los informes oficiales de conservación del Ministerio de Óscar Puente sobre las vías afectadas por el accidente.
Los peritos de la Guardia Civil han empezado ya a recopilar información sobre el accidente. Y sus primeros trabajos apuntan a una investigación en la que no saldría bien parado el Gobierno. Para empezar plantean analizar la situación desde dos kilómetros antes del lugar exacto del accidente mortal de Adamuz: en sentido descendente y ascendente (cuatro kilómetros en total). Saben que todo ello se tiene que hacer antes de restablecer el tráfico ferroviario para evitar la destrucción de posibles focos de pruebas. Y saben también que el Ejecutivo puede usar el deseo de la población de recuperar los tránsitos por la vía del AVE en Córdoba como un elemento para evitar que la investigación llegue hasta el final.
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