El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado denegar la petición que había realizado el líder independentista catalán Carles Puigdemont para que se suspendiese la orden nacional de busca, detención e ingreso en prisión que pesa sobre él. La petición ha sido denegada con un único voto particular: el del magistrado Ramón Sáez Valcárcel.
El expresidente catalán pidió el pasado mes de julio que se suspendiesen las medidas cautelares interpuestas por el Tribunal Supremo, que no aplicó la Ley de Amnistía en su totalidad por entender que el delito de malversación de caudales públicos no puede ser amnistiado; por lo que seguiría siendo detenido si entrase en España al seguir estando perseguido por la comisión del citado delito. Así, pedía que fuese el Constitucional el que enmendase al Supremo y suspendiese la orden de busca y detención que pesa sobre él en todo el Estado español, una medida cautelar impuesta por el TS.
Según ha podido saber Libertad Digital, el Pleno ha rechazado por unanimidad la petición de los dirigentes de Junts, que abarcaba también la suspensión de la orden de detención para los exconsejeros catalanes Antonio Comín y Lluís Puig Gordi. Los tres dirigentes seguirán así en la misma situación en la que se encuentran: viviendo en Bélgica sin poder entrar legalmente a España sin ser detenidos.
De esta forma, el tribunal de garantías rechaza que Puigdemont pueda volver a España como pretendía el Gobierno de Pedro Sánchez, que pactó la Ley de Amnistía como cesión al independentismo de cara a la sesión de investidura. Esta es una de las pocas normas de calado que se han aprobado en la presente legislatura, en la que el Ejecutivo del líder socialista no ha sido capaz de conseguir una mayoría parlamentaria estable.
No es la última bala que le queda a Puigdemont en la recámara, ya que el Constitucional tendrá que discutir próximamente si ampara o no al Supremo respecto a la negativa de que el delito de malversación sea amnistiable. Por ello, si el Constitucional niega la interpretación del Supremo y avala por completo la norma del Gobierno de Sánchez, Puigdemont y los otros dos dirigentes quedarían amnistiados y podrían volver a España con impunidad.
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