El Real Decreto Ley con el que el Gobierno pretendía revalorizar las pensiones un 2.7% este año como lleva anunciando desde noviembre ha fracasado por el voto negativo de PP, VOX y Junts. Partidos que desde el principio le han reprochado al Ejecutivo que presentara una medida tan importante dentro del decreto ómnibus, con otras tan dispares como las ayudas a la compra del coche eléctrico o la prórroga de la prohibición de los desahucios para personas vulnerables.
Tras una mañana de debate parlamentario donde el reproche principal ha sido el de que se mezclaran demasiadas cosas en un mismo decreto, el llamado "escudo social" ha fracasado. Ha contado con 178 votos en contra y 171 a favor. De esta manera los de Carles Puigdemont le envían un nuevo mensaje a Pedro Sánchez. Cuando la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, ha subido a la tribuna de oradores ha sido clara: "No pueden obligarnos a votar que sí a que no podamos hacer nada si te okupan el piso. Ayudar a las personas vulnerables, claro que sí y eso es responsabilidad de la Administración, no del propio propietario". Y es que desde el primer momento el Gobierno ha tratado de poner entre la espada y la pared a los grupos parlamentarios, sabedores de que votar en contra del decreto Ómnibus haría que no se convalidara la revalorización de las pensiones. "Votar no a este Decreto Ley es hacer daño a pensionistas, a personas que no pueden pagar el agua ni la luz, a personas que no pueden pagar tampoco una vivienda", decía el Ministro Félix Bolaños, el encargado de presentarlo en el Congreso de los Diputados.
El "Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social", que es cómo han bautizado el mega decreto, incluía medidas en materia de trabajo y Seguridad Social, de ayuda a los vulnerables, medidas tributarias y de fondos para las comunidades autónomas y entidades locales. Por eso desde el principio del debate, el diputado de UPN, Alberto Catalán igual que ha hecho el Partido Popular en las horas previas, lo ha tildado de "chantaje", y le pedía al Ejecutivo que trajera las medidas "por separado". En este sentido , también la diputada del PNV, Idoia Sagastizábal ha denunciado públicamente que el decreto contiene medidas urgentes y necesarias con otras controvertidas "diseñadas por ustedes para forzar un falso dilema: o se acepta todo o se es el malo de la película. Y eso no es buscar consenso, eso es jugar a la ruleta rusa con su aprobación".
Sagastizábal, molesta, ha querido recordar que la prórroga de la suspensión de los desahucios nació en plena pandemia (en 2020) en un contexto de emergencia total y que hoy, seis años después "se nos pide que sigamos prorrogando medidas excepcionales cuando el propio Gobierno presume de buenos datos económicos: crecimiento por encima de la media europea, creación de empleo y récord de afiliación. Pónganse de acuerdo: o estamos en emergencia permanente o el contexto ha cambiado. No se pueden sostener ambas cosas a la vez".
Junts y PP están de acuerdo en que se revaloricen las pensiones y, de hecho, ambas formaciones han recordado que han presentado proyectos de ley en esa dirección. Por eso el vicesecretario económico del Partido Popular, Juan Bravo, ha arremetido contra el Gobierno por usar a los pensionistas como "rehenes" para mantenerse en el poder: "Este Gobierno convierte la anomalía democrática en su forma de vida". Así mismo ha criticado que el decreto haya nacido "trufado" mezclando pensiones con vivienda, okupación, la dana, la Seguridad Social o el Salario Mínimo. Bravo ha querido recordar que su partido hace dos meses presentó una iniciativa que proponía como único punto la revalorización automática de las pensiones. "A nosotros sí nos preocupa el poder adquisitivo de los pensionistas", ha asegurado.
En los minutos anteriores a la votación la diputada del PSOE, Elisa Garrido, ha tratado de presionar a PP, Junts y VOX diciendo los que voten 'no' "van a votar en contra de 13 millones de pensionistas", los cuales ya en el mes de enero han cobrado sus pagan con la revalorización.