La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha localizado un drive (plataforma de almacenamiento) del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, que acredita la trama de corrupción que se investiga en el marco de la ‘operación Leire’.
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga en esta causa a la fontanera del PSOE, Leire Díez, al citado expresidente de la SEPI y al supuesto socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso. Los tres fueron arrestados en diciembre por la UCO por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que "los agentes de la UCO han localizado e intervenido un drive (plataforma de almacenamiento) a Vicente Fernández tras su detención. La trama corrupta empleaba habitualmente dicha plataforma de almacenamiento para subir toda la información sobre los contratos públicos que estaban siendo amañados para conseguir comisiones ilegales. Los investigadores han hallado hasta actas elaboradas por los investigados donde dejaban testimonio de su presunta actividad delictiva".
"La Guardia Civil ha localizado numerosos mensajes intercambiados a través de servicios de mensajería con más protección que Whatsapp como Signal. Estas comunicaciones demostrarían que el expresidente de la SEPI y la fontanera del PSOE Leire Díez mantenían una relación muy estrecha", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "los investigadores sospechan que Leire Díez operaba en esta trama como testaferro del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La ‘operación Leire’ que se investiga bajo secreto de sumario sigue abierta y no se pueden descartar nuevas operaciones policiales que impliquen a más personas en la trama corrupta".
Recordamos que Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso integraban un grupo de Whatsapp llamado Hirurok (que significa en euskera los tres juntos) en el que trataban y negociaban las comisiones ilegales que obtendrían tras conseguir determinados contratos o ayudas públicas.
Además, usaban sus influencias en los Ministerios de Hacienda de María Jesús Montero o de Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera para conseguir mordidas a través de la concesión de adjudicaciones o subvenciones públicas. Dicha influencia habría servido para amañar al menos cinco contratos que los investigadores cifran en un total de 132.955.664 euros.
Cabe destacar que la UCO requirió documentación en diciembre de 2025 sobre licitaciones y contratos públicos sospechosos de irregularidades o amaños. Los agentes se personaron en sedes como la Dirección General de Patrimonio del Estado, el citado Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Correos y las Direcciones de Transición Ecológica (Política Energética y Minas). Concretamente, se buscaban expedientes de adjudicaciones en empresas como SEPI, ENUSA, Mercasa, Forestalia y otras, donde supuestamente intervino la trama corrupta para influir en resoluciones o evitar impugnaciones.
La presidenta del Tribunal de Recursos Contractuales, salpicada
Tal y como publicó este diario, la actual presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), Mª de la Concepción Ordiz Fuertes, conocida como "Conchita", también está implicada en esta trama de corrupción". La presidenta del TACRC fue nombrada por el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Hacienda María Jesús Montero en junio del año 2021.
La UCO ha localizado comunicaciones y expedientes que demuestran como la presidenta Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales nombrada por María Jesús Montero tomaba decisiones al dictado del expresidente de la SEPI Vicente Fernández. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales es un órgano administrativo especializado, encargado de resolver los recursos especiales en materia de contratación pública. Su ámbito principal es el sector público estatal (Administración General del Estado, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, etc.), aunque también puede asumir competencias de comunidades autónomas o entidades locales que firmen convenios con él para delegar la resolución de estos recursos.
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