El primero en lanzar el ataque fue el propio presidente del Gobierno. Para él, eran "chiringuitos" universidades perfectamente avaladas por el mero hecho de ser pequeñas y estar especializadas en pocas titulaciones. Ahora retoma el jaque el partido de Yolanda Díaz. Quiere usar el silencio administrativo para ahogar paulatinamente a esas universidades. El ataque continúa.
Los tres pilares del ataque de Sumar contra las universidades privadas son los siguientes. En primer lugar, Yolanda Díaz quiere que se garantice "el cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 640/2021 mediante un mecanismo de seguimiento, en coordinación con comunidades autónomas y agencias de evaluación, que verifique que las universidades privadas han cumplido las obligaciones de adaptación establecidas". Se refiere, precisamente, al ataque original de Sánchez, el que puso en duda las licencias universitarias de las entidades más pequeñas.
En segundo lugar, los comunistas pretenden "revisar el régimen de silencio administrativo en la autorización de nuevas titulaciones previsto en el artículo 11 del Real Decreto 640/2021, para asegurar que ninguna titulación pueda implantarse sin una evaluación previa completa, rigurosa y acreditada de sus condiciones de calidad, viabilidad y adecuación académica siempre con la supervisión del Consejo de Universidades". Esta es clave: las entidades más pequeñas pueden tener problemas por la reforma de Sánchez. Y, cuando pretendan solventar esa situación impulsando nuevas titulaciones, en ese momento entrará el silencio administrativo para denegarlas y condenar a la universidad al peor escenario previsto en la propia norma.
En tercer lugar, Sumar quiere "equiparar el procedimiento de verificación y autorización de enseñanzas universitarias oficiales previsto en el Real Decreto 822/2021 para operadores privados de acuerdo con los estándares de calidad de las universidades públicas, reforzando los requisitos mínimos de planificación, profesorado, infraestructura y solvencia institucional, y garantizando una supervisión efectiva, coordinada y transparente de todas las nuevas titulaciones ofertadas". Algo que, de nuevo, daría mucho más control a los políticos sobre esas universidades.
Control político y criterios homogéneos
Sumar argumenta que "la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), establece en su artículo 55 la obligación de las comunidades autónomas de dotar a las universidades de recursos económicos suficientes que garanticen su sostenibilidad financiera y les permitan cumplir los objetivos previstos en la Ley. Asimismo, señala una serie de criterios que el legislador nacional debe desarrollar reglamentariamente y que las comunidades autónomas deben observar al ejercer sus competencias, tanto en lo relativo a la creación y reconocimiento de universidades y a la calidad del sistema universitario, como en lo referente a las condiciones para la obtención y expedición de los títulos universitarios oficiales". Y que "el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. La actualización derivada de la LOSU y la necesidad de reforzar las garantías de evaluación aconsejan revisar este procedimiento para asegurar criterios homogéneos, rigurosos y coordinados entre comunidades autónomas, agencias de evaluación y el Ministerio".
Y, según los comunistas, en base a ello, pueden endurecer los criterios de universidades que no habían generado ningún problema hasta el momento.