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La jueza de la DANA da el primer paso para la imputación de Carlos Mazón

La jueza "acuerda elevar a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón"

La jueza "acuerda elevar a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón"
Carlos Mazón | EFE

La jueza que instruye la causa de la DANA de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) una exposición razonada para que investigue al expresidente valenciano Carlos Mazón, según han informado fuentes jurídicas a Libertad Digital.

Hasta este momento, en la causa solo se encuentran imputados la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y Emilio Argüeso, exdirector de Emergencias. La jueza investiga las posibles responsabilidades civiles de los dirigentes de la Comunidad Valenciana por la gestión de la DANA que tuvo lugar a finales de 2024 y que segó la vida de más de 200 personas.

"La jueza que investiga la gestión de la DANA acuerda elevar a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón", ha explicado posteriormente el TSJCV en su cuenta oficial de la red social X.

De esta forma, la magistrada encargada de la investigación del caso ha dado el primer paso para imputar al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón. La titular del juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja ha elevado este escrito porque no puede imputar directamente al exlíder de los populares valencianos debido a que este, a pesar de haber abandonado la presidencia de la Generalitat, sigue ostentando su acta de diputado, por lo que sigue siendo aforado.

Por ello, la decisión de imputarle debe recaer sobre el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, que debería pedir el suplicatorio a la Mesa de la Asamblea y proceder entonces a investigar las posibles responsabilidades civiles de Carlos Mazón. Antes de pedir el suplicatorio, el alto tribunal autonómico podría ofrecer a Mazón que declare voluntariamente.

Si este se niega, tendría que proceder a pedir el suplicatorio y, si este es aprobado por la Asamblea, podría decidir trasladar todo el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana o solo la investigación contra Mazón. En ese caso, la jueza de Catarroja podría seguir investigando a Pradas y a Argüeso, que serían en tal caso juzgados –si el caso acaba en juicio oral— por la Audiencia Provincial.

PP y Vox se niegan a retirar privilegios al expresidente

Y precisamente este martes el gobierno municipal de Valencia, formado por PP y Vox, ha rechazado en el pleno ordinario de febrero una moción de Compromís que pretendía forzar al exjefe de la Generalitat, Carlos Mazón, a dejar su acta como diputado en Les Corts Valencianes, así como instar a la revisión del Estatuto de los Expresidentes para suprimir los privilegios asociados al cargo. La iniciativa tampoco ha contado con el respaldo del PSPV-PSOE, quedando finalmente tumbada por la mayoría del equipo de gobierno.

La propuesta, defendida por el concejal de Compromís Pere Fuset, buscaba que el Ayuntamiento manifestara su voluntad de que Mazón abandonara el Parlamento autonómico y apoyara la modificación de la Ley 6/2002 para eliminar beneficios como despacho, asesores, coche oficial o asignación económica tras dejar la Presidencia de la Generalitat. Desde la oposición se enmarcó la petición en la polémica por la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre.

Durante el debate, tanto Fuset como el edil socialista Javier Mateo cargaron contra el silencio del PP y Vox, a quienes acusaron de "proteger" al expresidente. Sin embargo, los grupos del gobierno local no intervinieron y se pasó directamente a la votación, tal y como anunció la alcaldesa, María José Catalá.

Compromís defendió que mantener a Mazón como diputado supone "blindarlo" ante posibles responsabilidades judiciales y cuestionó que conserve el trato y los beneficios de expresidente. PP y Vox, con su voto en contra, evitaron que el Ayuntamiento de Valencia se sumara a esa petición, cerrando el debate sin entrar al fondo de las acusaciones.

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