La Fiscalía de Teresa Peramato ha denegado al cantante Julio Iglesias el contenido de la denuncia por la que se le acusaba de un delito de agresión sexual, trata de seres humanos y delitos contra los trabajadores.
El Ministerio Público decidió archivar la denuncia el pasado 23 de enero por falta de competencia y después de que las dos denunciantes declarasen de forma telemática como testigos protegidos. La defensa de Iglesias solicitó a la Audiencia Nacional que pudiesen tener acceso al contenido de la denuncia. El fiscal jefe de la Audiencia Jesús Alonso decidió consultarlo con la Fiscalía General del Estado y, después de otra reclamación por parte de la defensa del cantante, finalmente la Fiscalía encabezada por Peramato ha rechazado esta petición.
Así se desprende de un escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Libertad Digital, que señala que "no procede acceder a su solicitud de entrega de la documentación pedida. Y todo ello sin perjuicio de informarle que, de conformidad a lo establecido en la circular arriba citada, puede acceder a su contenido íntegro mediante solicitud realizada al órgano judicial encargado de conocer las eventuales pretensiones que se puedan formular por usted en esa vía, en cuyo caso se remitirá testimonio de las diligencias de investigación incoadas en esta fiscalía".
El escrito argumenta que "si las actuaciones son reservadas —y resulta patente que las diligencias de investigación lo son—, este precepto legitima excluir el acceso de terceros".
Querella de Iglesias y demanda a Yolanda Díaz
Como ya publicó este diario, el cantante estaría ultimando la presentación de una querella contra sus dos exempleadas y contra la Asociación Women's Link Worldwide, que se encargaron de impulsar la denuncia.
Por otro lado, Julio Iglesias ha demandado esta semana a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz por haberle acusado en diferentes declaraciones de ser un abusador sexual sin tener pruebas para ello.
La defensa de Iglesias apuntó a Díaz por acusar a su defendido de tener a sus trabajadoras en una "situación de esclavitud" y sufriendo "abusos sexuales". De esta manera pedían al tribunal de Instancia de la sección civil que corresponda de Madrid que se acuerde un acto de conciliación con la ministra antes de "la interposición de querella por la presunta comisión de delitos de injurias con publicidad y calumnias".
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