
La imputación del expresidente valenciano Carlos Mazón por la tragedia de la DANA se encuentra en el aire ya que la titular del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Catarroja que investiga la causa, Nuria Ruiz Tobarra, no argumenta el delito de homicidio imprudente.
La magistrada remitió este martes al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) una exposición razonada pidiendo la imputación de Mazón por sus posibles responsabilidades penales en la gestión de la catástrofe. La jueza no puede imputarlo directamente porque Mazón sigue manteniendo su acta de diputado y, por lo tanto, sigue aforado. Según la instructora, existen indicios de delito en la actuación del expresidente valenciano porque "la gestión de la emergencia correspondía exclusivamente a la Generalidad".
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la posible imputación de Mazón por la gestión de la DANA está en el aire porque la instructora no argumenta, ni detalla qué inacción concreta del expresidente valenciano pudo agravar la magnitud de la tragedia y el incremento del número de víctimas. Es necesario concretar estos indicios y no se puede llevar a cabo una argumentación abstracta sin profundizar al respecto".
"Hay que partir de la base de que los servicios de emergencia de Valencia son competentes para realizar su trabajo independientemente de que Mazón estuviera al mando o se encontrara comiendo en un restaurante. Si el expresidente valenciano desoyó acciones concretas, se debe poner de manifiesto", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "jurídicamente no habría margen para imputar a Mazón por los hechos, aunque evidentemente tendría que haber asumido responsabilidades políticas el mismo día de la tragedia. No obstante, existe mucho ruido mediático y puede influir en el TSJ de Valencia a la hora de aceptar la exposición razonada de la jueza e imputar al expresidente valenciano del PP".
"Es inexplicable que la magistrada no haya investigado la presunta responsabilidad del Gobierno central en la tragedia. Las partes personadas tendrían que exigir la práctica de diligencias al respecto y si estas han sido rechazadas recurrirlo ante la Audiencia Provincial", concluyen.
La jueza propone imputar a Mazón por la comisión de posibles delitos de homicidio y lesiones imprudentes, que habrían sido cometidos por omisión. Así, la magistrada defiende que no puede descartarse, en esta fase del procedimiento jurídico, que determinadas decisiones —o la ausencia de las mismas— hayan podido incidir en el resultado final de víctimas y lesiones provocadas por la DANA.
"La atribución de un delito de comisión por omisión ha de fundarse en primer lugar en la existencia de la posición de garante, que deriva de la competencia autonómica en la gestión de la emergencia y que se extiende como posteriormente se analizará en las atribuciones del Presidente autonómico", asevera el escrito, que disipa cualquier tipo de responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez al sentenciar que "la gestión de la emergencia correspondía exclusivamente a la Generalidad".
"La gravedad de la negligencia"
"La gravedad de la negligencia, la omisión de la obligación de coordinar las diversas entidades de la administración autonómica en una emergencia que siempre estuvo bajo la competencia de la administración autonómica se derivaba de diversas fuentes de conocimiento que obligaban al Presidente a actuar y que convierten su permanencia, absolutamente pasiva, durante cerca de cinco horas en el reservado de un restaurante probarían una presunta grosera negligencia con un grave resultado mortal, 230 fallecidos, a los que han de sumarse los lesionados", espeta el escrito recriminando a Mazón que estuviese llamando y dando órdenes desde El Ventorro.
Así, concluye que "el reservado de un restaurante no es ni la sede de un despacho oficial ni un lugar de gestión de una emergencia". Por todo ello, la magistrada de Catarroja procede a pedir la imputación de Mazón. Si el TSJCV acepta sus motivos podría proceder o bien a ofrecerle que declare voluntariamente, o bien pedir un suplicatorio a la Asamblea. Si este fuese aprobado, el TSJCV se haría cargo de la imputación de Mazón.
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