El anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de regularizar a todos los inmigrantes sin papeles en España ha provocado un efecto llamada que se traduce en largas colas y aglomeraciones en consulados como el de Pakistán o Argelia en Barcelona. La presión sobre la legación pakistaní, que comenzó a finales del mes pasado, ha pasado ahora a la de Argelia, en la avenida del Tibidabo de la Ciudad Condal.
Este mismo sábado, decenas de personas se agolpaban a las puertas del consulado del país norteafricano en la capital catalana, como se puede comprobar en la imagen tomada a las diez de la mañana. En días pasados El Mundo informó de la presencia de vehículos de matrícula francesa del que descendían argelinos procedentes del país vecino. Ahora, las aglomeraciones son similares a las registradas ante el consulado de Pakistán.
Según datos oficiales del Instituto Catalán de Estadística, en Cataluña residían a 1 de enero de 2025 un total de 13.691 ciudadanos argelinos registrados en los diferentes padrones municipales, cuatro mil mujeres y 9.691 hombres. Sólo suponen el 0,90% de la población extranjera en la región, muy por detrás de los ciudadanos de Marruecos (252.843), Pakistán (252.843). El centro estadístico autonómico sólo recoge datos sobre los padrones municipales, por lo que la cifra de argelinos (como de otras nacionalidades) es una incógnita.
Las autoridades autonómicas estiman que en Cataluña se beneficiarán de la regularización unas 150.000 personas, aunque a la vista de la afluencia constante de personas en consulados como los referidos cabe inferir que se trata de estimaciones a la baja. Los consulados, por su parte, no aportan datos.
El catalán, obligatorio
Cabe destacar que el gobierno catalán presidido por el socialista Salvador Illa introdujo una enmienda en el decreto de regularización para que el conocimiento del catalán sea requisito indispensable para renovar el permiso de residencia, lo que augura un brillante futuro a los centros de enseñanza del catalán, ya saturados porque el "Pacto Nacional por la Lengua" firmado por administraciones y empresarios tiene entre sus principales puntos la exigencia del catalán para obtener contratos de trabajo.