El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, estudia la fórmula para avalar que Pedro Sánchez gobierne sin presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado. Todo ello, tras haberlos prorrogado durante los últimos 3 años.
El pleno del TC aprobó por unanimidad recientemente admitir a trámite el conflicto de atribuciones promovido por el Senado frente al Ejecutivo socialista por incumplir su deber de presentar a las Cortes el proyecto de ley de Presupuestos. El Constitucional respaldaba así la ponencia presentada por la magistrada izquierdista Laura Díez. El artículo 134.3 de la Constitución española establece que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior".
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Conde-Pumpido está estudiando ya los argumentos legales que se podrían emplear para avalar en el TC que el Gobierno de Sánchez no haya presentado nuevos Presupuestos Generales del Estado desde hace 3 años y pueda seguir gobernando sin que resulte inconstitucional".
"El presidente del Tribunal de Garantías estaría buscando la fórmula para dar una pequeña advertencia a Sánchez sobre la importancia de aprobar los Presupuestos, mientras que a la vez se avale que es constitucional seguir gobernando sin ellos", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian que "Conde-Pumpido ya avaló el abuso del decreto-ley por parte del Gobierno socialista que permite a Sánchez gobernar a base de decretazos y omitiendo el control parlamentario. Todo ello, con el pretexto de una supuesta urgencia. Ahora, si el presidente del Tribunal Constitucional consigue sacar adelante un aval a que Sánchez pueda gobernar sin aprobar los Presupuestos Generales, supondría la consolidación de un régimen autocrático y autoritario en España al margen de la democracia y el Estado de derecho".
"Cabe destacar que el presidente del TC sigue pujando para poder optar a un cargo en el Consejo de Estado. Concretamente, el que ocupa en la actualidad la exvicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega", concluyen.
En la futura sentencia el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre las tres peticiones del Senado. En primer lugar, sobre el incumplimiento del Gobierno de su deber constitucional de presentación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los años 2024, 2025 y 2026 y si el uso de la prórroga vulnera la atribución constitucional del Senado. En segundo lugar, la petición de la Cámara Alta para que se declaren inconstitucionales y nulas las prórrogas de la Ley de Presupuestos para el año 2023. Finalmente, el Senado pide que se señale un plazo máximo para la presentación del proyecto de los Presupuestos para 2026.
La argumentación del Senado
El Senado con mayoría del PP considera que la inacción del Gobierno de Sánchez, que ya ha prorrogado los Presupuestos en 2024 y 2025 y aún no ha presentado los del año en curso, vulnera las prerrogativas que establece para el Parlamento el artículo 134.5 de la Constitución. Aquí se establece que "aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario".
"Todas las modificaciones presupuestarias que se están realizando de los presupuestos prorrogados de 2023 suponen un fraude de ley a la obligación constitucional de presentación de unos nuevos presupuestos y vulneran la competencia legislativa del Senado", sostiene el conflicto de atribuciones. Para la Cámara Alta, el incumplimiento del Gobierno también vulnera el artículo 99.2 de la Constitución "dada la relación existente entre la no aprobación de los Presupuestos y la pérdida de la confianza parlamentaria otorgada en la investidura". También el artículo 23 en la medida en que "la no presentación y tramitación de los Presupuestos Generales del Estado impide la participación de los senadores en la función presupuestaria que integra el núcleo de la función representativa y, con ello, impide el ejercicio del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes".
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