El frente judicial de la empresa de energías renovables Forestalia es bastante más amplio que el caso que ha llevado a la detención de su presidente Fernando Samper. La compañía está salpicada en al menos dos casos más en los que "hay muchos más implicados".
Esta semana, tal y como adelantaba Libertad Digital, era detenido el presidente de Forestalia, Fernando Samper Rivas, en el marco de una causa secreta que se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Teruel, encargado de la instrucción de un presunto caso de corrupción medioambiental. En esta operación, se llevaron a cabo doce registros y, además de la detención de Samper, otras cinco personas han pasado a disposición judicial. Entre ellas, también se encontraba el ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica que dirigía Teresa Ribera, Eugenio Domínguez y un notario de la zona.
Según ha podido saber Libertad Digital, esta no es la única causa en la que se encuentran siendo investigadas las prácticas de la empresa aragonesa. Fuentes jurídicas han destacado a este diario que la empresa enfrenta "muchas denuncias" de diverso calado y temática que se han presentado en su contra. Todas ellas cuentan, según aseguran estas fuentes, con "pruebas contundentes" y abarcarían "una gran cantidad de implicados" por la presunta "manipulación" de informes medioambientales en los que habrían podido cometerse otros posibles delitos como tráfico de influencias.
En primer lugar, además de la causa por la que han sido detenidos los mencionados, se encuentra abierta la causa que investiga el futurible parque eólico conocido como Clúster del Maestrazgo, que Forestalia habría dividido ilegalmente. Esta también se encuentra siendo investigada en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Teruel.
En este caso, Forestalia habría presentado 22 proyectos con 22 estudios de impacto ambiental distintos; algo que aceptó el Ministerio de Ribera. Con ello, habría dificultado las acciones legales contra la empresa.
En torno a este caso, se ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo pidiendo que se otorguen medidas cautelarísimas, concretamente, que se paralicen las obras del parque eólico del que será uno de los parques más extensos de la geografía española. Sin embargo, el Supremo ha rechazado esa medida, por lo que lo más probable es que las obras comiencen en los próximos meses. Este parque fue adjudicado a Forestalia, que posteriormente se ha aliado con otras empresas energéticas para llevar a cabo el proyecto.
Todo ello, con la connivencia del Ministerio para la Transición Ecológica que ahora dirige Sara Aagesen, que, como señalan las fuentes consultadas, "retrasó todo lo posible aportar la información necesaria para realizar la querella".
Además, Forestalia también es la promotora de los proyectos del Clúster Cinca, un grupo de seis parques eólicos y dos líneas de evacuación construidos en la provincia de Huesca, vendido a otra empresa que participa en el proyecto avanzada ya su tramitación, que se enfrenta a seis contenciosos que se sustancian en el Tribunal Superior de Justica de Aragón en la que las filiales de Forestalia son codemandadas.
Aparte, el Cluster Cinca se haya inmerso en un proceso penal donde se encontrarían querellados el exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y la anterior directora provincial del servicio de industria y energía de Huesca. De hecho, se estaba investigando en los Juzgados de lo Penal de Huesca, que recientemente se ha inhibido en favor de los Juzgados de Zaragoza por ser esta ciudad el lugar donde habrían sido firmadas las declaraciones de impacto medioambiental.