Tras registrar varias de las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid, han sido detenidas seis personas, entre las que se encuentra el presidente de la empresa, Fernando Samper. Concretamente, los agentes de la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) del Seprona buscaban indicios que pudieran apuntar a una posible trama de corrupción medioambiental relacionada con los parques eólicos y fotovoltaicos. Precisamente, en Libre Mercado hemos seguido desde hace varios años el 'modus operandi' seguido por Forestalia para llenar de molinos Aragón.
Expansión de la empresa
La expansión de Forestalia en el sector eólico tuvo continuidad inmediata tras las adjudicaciones obtenidas en las subastas de renovables de 2016 y 2017. La empresa fundada por Fernando Samper, hasta entonces vinculado al Grupo Jorge, especializado en el sector porcino, se convirtió en uno de los principales actores del mercado energético al lograr 1.200 megavatios de los 3.000 que se subastaban en 2017, siendo el mayor adjudicatario en esa convocatoria.
En aquella segunda subasta, la compañía ofreció un descuento del 63,4% sobre el precio del megavatio, lo que supuso que los proyectos se comprometieran a instalar la potencia renovable sin necesidad de ayudas públicas. El resultado dejó sin subvención a los participantes al garantizar las empresas la ejecución de las instalaciones en esas condiciones.
Tras obtener los megavatios en las subastas, el siguiente paso consistía en articular los proyectos concretos para su desarrollo. Según el proceso descrito por fuentes conocedoras de las adjudicaciones, la mayoría de los paquetes de concesiones se estructuraron en bloques de 49,5 megavatios, es decir, por debajo del umbral de 50 megavatios. Este límite resulta relevante porque, por encima de esa cifra, la tramitación ambiental debía contar con la autorización del Ministerio competente.
Por debajo, bastaba con el visto bueno del Gobierno autonómico correspondiente. De este modo, los proyectos podían ser evaluados y autorizados en el ámbito regional. Con los permisos administrativos en marcha, la empresa necesitaba también el respaldo de los municipios en los que se proyectaba la instalación de los parques eólicos. El apoyo de los ayuntamientos resultaba determinante para el desarrollo territorial de las infraestructuras.
A partir de 2017, el entonces delegado del Gobierno de Aragón en Teruel, Antonio Arrufat, convocó reuniones con alcaldes de varias comarcas turolenses, entre ellas Albarracín y Andorra, para presentar los proyectos de Forestalia. Arrufat, vinculado al Partido Socialista Obrero Español, había desempeñado distintos cargos institucionales, entre ellos presidente de la Diputación Provincial de Teruel, senador por esa provincia y delegado territorial del Ejecutivo aragonés. Actualmente ejerce como asesor en el Gobierno autonómico.
De acuerdo con los testimonios recogidos, en esos encuentros se exponían las características de los proyectos eólicos y su implantación en la zona. Algunas de las personas presentes señalan que la participación institucional no se limitaba a una presentación formal, sino que incluía intervenciones activas en defensa de la iniciativa empresarial. En el contexto de esas reuniones se planteó la posibilidad de articular asociaciones de municipios para impulsar conjuntamente los proyectos de energías renovables. Posteriormente, varios ayuntamientos formalizaron agrupaciones con ese objetivo.
Oposición de los vecinos
Lo cierto es que la iniciativa de Forestalia encontró obstáculos en Teruel tras la presentación de 28 alegaciones por parte de la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel contra el proyecto denominado PEol-765, que contemplaba la instalación de 149 molinos en las comarcas del Jiloca, la Comunidad de Teruel y la sierra de Albarracín. El modelo de negocio de Forestalia generó preocupación: incluyó en su equipo directivo a exresponsables de la Consejería de Medio Ambiente del anterior Gobierno de Aragón (PSOE-PAR) y dividió las adjudicaciones en diecinueve sociedades, todas vinculadas a Forestalia, con promociones de menos de 50 megavatios cada una. Esta estrategia permitió que la evaluación ambiental correspondiera a la Comunidad Autónoma, en lugar de pasar por el Ministerio de Transición Ecológica.
Una de las principales críticas de la plataforma fue que el impacto ambiental se analizaba de forma fragmentada para cada una de las 19 adjudicaciones, lo que impedía evaluar la repercusión global de los 149 aerogeneradores. Además, los estudios presentados no incluían la evacuación de la energía eléctrica generada, ya que solo 4 de las 19 centrales contaban con transformadores y líneas que conectaran la electricidad a la red.
Sin embargo, la falta de infraestructuras no fue el único problema. Según la Asociación Eólica Aragonesa, la mayoría de los emplazamientos no alcanzaba las 3.000 horas equivalentes de viento necesarias para garantizar la rentabilidad de los aerogeneradores. Forestalia reconoció en sus declaraciones que no disponía de datos propios del viento en los lugares previstos para la instalación.
Así las cosas, la plataforma también denunció que el proyecto incumplía la Ley del Sector Energético, al proponer una línea de evacuación con una tensión superior a los 380 kV a lo largo de 167 kilómetros, paralela a una línea de Red Eléctrica, para transportar energía hacia Valencia. Además, Forestalia actuó simultáneamente como proyector y gestor de la línea, algo que la normativa prohíbe. La empresa describió sus líneas de evacuación como "verdaderas líneas de transporte de titularidad privada".
En este sentido, los técnicos de la plataforma sostuvieron que el estudio de impacto ambiental presentado por Forestalia se limitaba a recopilar información pública del Gobierno de Aragón y carecía de análisis geológico que garantizara la idoneidad de los emplazamientos. También advirtieron sobre posibles afecciones al patrimonio cultural, natural y turístico de la zona. En conjunto, las alegaciones abordaron cuestiones como el impacto en espacios naturales, el incumplimiento de leyes energéticas y medioambientales, la falta de mediciones locales y la viabilidad económica del proyecto, así como las consecuencias sobre patrimonio arqueológico, paisajístico y turístico.
Presiones por carta
Asimismo, cabe recordar que el proyecto de Samper en la provincia avanzó con cartas enviadas a propietarios para adquirir sus terrenos con pagos simbólicos. Al respecto, debemos subrayar que el Gobierno autonómico de Aragón envió a su delegado territorial, Antonio Arrufat, para convencer a los alcaldes de la zona sobre la conveniencia de los proyectos de Forestalia. Así, los consistorios, en algunos casos constituyendo plataformas municipales conjuntas para agilizar los trámites, facilitaron la aprobación de los proyectos que se encontraban en el límite de dos o más municipios. Sin embargo, quedaba pendiente el respaldo de los propietarios de los terrenos donde se instalarían los molinos y las redes de alta tensión necesarias para evacuar la electricidad generada por los parques.
Por ello, Forestalia decidió enviar cartas a estos propietarios para comunicar a los vecinos la expropiación de sus parcelas, ofreciendo un justiprecio de 2.040,29 euros en un único pago por la cesión de los terrenos. De hecho, los contratos incluían cláusulas que permitían a la empresa utilizar la propiedad para "cualquier otra actuación o servidumbre necesaria para la construcción o explotación de la instalación". Además, se especificaba que la autorización tenía una duración máxima de 75 años, aplicable incluso si la propiedad cambiaba de manos.
En la carta enviada a los propietarios, Forestalia se presentó como una "empresa aragonesa dedicada a la creación e implantación de proyectos eólicos y fotovoltaicos" y explicó que contactarían con los vecinos para reunirse en los municipios afectados y explicarles el proyecto. Junto a la misiva se adjuntaba un modelo de "autorización para paso de línea eléctrica", que los propietarios debían completar para formalizar la venta de la parte de su terreno afectada.
Ante este escenario, oponerse podía resultar inútil, dado que el Gobierno autonómico tenía la capacidad para instar a la expropiación forzosa alegando causa de utilidad pública o interés social que prevalecería, en este caso, a lo privado.