La presencia de mujeres en las cárceles españolas no deja de crecer ganando terreno e importancia en el sistema penitenciario, pero los protocolos de seguridad siguen prácticamente intactos a pesar de las constantes peticiones de los sindicatos penitenciarios al responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Según se desprende de un comunicado del sindicato UGT-Acaip, actualmente, las funcionarias de prisiones ya representan el 35% de la plantilla, un porcentaje que continúa aumentando con cada nueva promoción, mientras que la población reclusa sigue siendo abrumadoramente masculina, con un porcentaje que supera el 90%.
Este desequilibrio preocupa a parte de los trabajadores del sistema penitenciario, que consideran que los mecanismos de protección no se han adaptado a la nueva realidad de las plantillas. Según denuncian, el Ministerio del Interior de Marlaska no ha impulsado cambios relevantes en los protocolos de seguridad pese al incremento sostenido de mujeres en puestos de vigilancia.
A pesar de que, como señala el sindicato, las mujeres se encuentran totalmente integradas en el sistema penitenciario y realizan un encomiable trabajo, muchas de ellas desarrollan su trabajo diario en módulos masculinos. Esta situación, según explican fuentes del sector, puede derivar en episodios de acoso verbal, comportamientos inapropiados o situaciones de tensión que no siempre reciben una respuesta clara por parte de la administración.
Trabajadores penitenciarios advierten de que no existen protocolos específicos frente a determinadas conductas de carácter sexual dentro de prisión, lo que en ocasiones deja a las funcionarias en una situación de desprotección. En el exterior, señalan, determinados comportamientos serían considerados agresiones sexuales, mientras que dentro del ámbito penitenciario muchas veces quedan reducidos a simples incidentes regimentales.
El problema, según explican, no radica en la incorporación de mujeres al sistema penitenciario —una evolución que consideran positiva—, sino en la falta de adaptación del modelo organizativo y de seguridad a esta nueva realidad.
"La igualdad real implica que mujeres y hombres puedan desempeñar su trabajo con los mismos derechos, el mismo respeto y la misma protección. Por ello, seguimos reclamando medidas que contemplen esta realidad, como protocolos específicos frente a agresiones sexuales o situaciones de acoso, equipamiento adaptado y formación adecuada para afrontar los riesgos propios del entorno penitenciario", sentencia el comunicado de Acaip.
Los sindicatos del sector llevan tiempo reclamando una revisión de los protocolos de actuación, así como cambios en la organización del trabajo que permitan garantizar la seguridad de las funcionarias en entornos especialmente conflictivos. Sin embargo, el Ministerio ha obviado esta situación de forma constante.
Entre las medidas que plantea el mencionado sindicato figuran la actualización de los protocolos frente a agresiones, una mejor distribución del personal en determinados módulos y el reconocimiento específico de situaciones de acoso o agresión sexual dentro de los centros penitenciarios.