El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) dirigido por el PSOE de Aragón durante el Gobierno del fallecido Javier Lambán apartó a una funcionaria que se rebeló contra la trama de corrupción de Forestalia. La trabajadora encargada de los proyectos relacionados con energías renovables, Ainhoa Ruiz, fue relevada de su cargo y en su lugar se designó a una persona con 'criterios técnicos muy limitados en cuanto a la evaluación ambiental'.
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel ha recibido un informe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil donde se detalla, entre otras cuestiones, el papel del Inaga en función de la declaración de varios testigos. En el documento se especifica que con el auge de los proyectos de energías renovables, y especialmente con los vinculados a Forestalia, la Dirección del instituto cambió su manera de actuar.
En el informe de la Ucoma, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el que fuera director del Inaga durante cerca de ocho años, Jesús Lobera, es descrito como 'la figura central en las acusaciones de presión y cambio de procedimientos'. Según los investigadores, 'para eludir los controles técnicos, Lobera habría reorganizado las competencias de forma anómala. Nombró a Andrés Medina como único responsable de todos los proyectos de renovables', sustituyendo a Ainhoa Ruiz, la funcionaria que rechazó colaborar con la trama de Forestalia.
Dos testigos explicaron a esta unidad de la Guardia Civil que el funcionamiento dentro del Inaga era normal hasta que se produjeron 'alteraciones significativas' cuando comenzó el auge de los proyectos relacionados con las energías renovables.
En concreto, el informe señala que con la llegada masiva de estos proyectos 'y en particular los vinculados al Grupo Forestalia, marcó un cambio drástico en la forma de proceder de la Dirección'. Lobera adoptó una actitud 'proactiva' para que los expedientes contasen con resoluciones favorables y las 'presiones ejercidas' para este fin fueron tan grandes que durante toda esa época solo llegó a firmar tres informes desfavorables.
El modus operandi pasaba por ignorar o devolver por parte de Lobera los informes que contaban con una valoración desfavorable. A Lobera también se le acusa de utilizar consultoras externas para la redacción de informes 'a su gusto'. Los testigos explican que estos informes contaban con 'criterios técnicos más laxos' y omitían datos desfavorables para los promotores, siendo posteriormente validados por la Dirección del Inaga.
La presión continuaba puesto que, en caso de que se emitiese un informe negativo, Lobera 'realizaba peticiones de explicaciones verbales y escritas al personal técnico' e incluso se detalla que se modificaban en la plataforma Inareg informes 'sin el conocimiento ni el consentimiento de los técnicos autores'.
De igual manera, para eludir los controles técnicos, Lobera 'habría reorganizado las competencias de forma anómala' nombrando a Andrés Medina como único responsable de todos los proyectos de renovables y apartó a una trabajadora de dicha función. Según la propia empleada, esta reorganización fue implementada 'incumpliendo lo descrito en la ley de procedimiento administrativo'.
El socio de Santos Cerdán, salpicado también en la causa
Tal y como desveló este diario, el socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, dejó de administrar una sociedad investigada en el caso Forestalia el pasado 19 de noviembre de 2025, el mismo día en el que el Tribunal Supremo acordó dejar en libertad al exsecretario de Organización del PSOE. Santos Cerdán permaneció casi cinco meses en la prisión de Soto del Real por su implicación en la trama Koldo, concretamente por el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. Dichas mordidas se canalizaron a través de la empresa Servinabar, en la que el propio Santos Cerdán y Antxon Alonso eran supuestamente socios.
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel investiga en el caso Forestalia presuntos delitos de prevaricación administrativa y medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal. En esta causa fue detenido hace dos semanas el presidente de Forestalia, Fernando Samper, y otras cinco personas. Entre ellas también se encontraba el ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica que dirigía Teresa Ribera, Eugenio Domínguez, y un notario de la zona.
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