El caso Forestalia ya ha señalado de forma directa a un subdirector de Teresa Ribera: Eugenio Domínguez. La investigación apunta a que este cargo de Transición Ecológica, detenido hace unos días en plenos registros judiciales, reclamaba el control de las licencias de energías renovables que acababan en manos de Forestalia. Pero la investigación de la Guardia Civil apunta más alto y señala ya a una omisión en el control que podría imputarse a la entonces ministra Teresa Ribera. Y es que la Guardia Civil denuncia el pitufeo de las licencias para quitar los controles nacionales y hasta los de la UE. Y Ribera era entonces ministra del área y es ahora vicepresidenta de la UE.
Tramitación por separado
Uno de los informes de la Guardia Civil se centra en "EL PROYECTO MASÍA I, II Y LAST: El proyecto de las plantas fotovoltaicas (PFV) de La Masía I y la Masía II y su línea de evacuación", que "están incluidas en el proyecto denominado "Clúster FV del Maestrazgo". La ubicación de ambas plantas fotovoltaicas "se sitúa entre dos parques eólicos (Vacada IV y Estrella III) incluidos en el proyecto "Clúster del Maestrazgo" y además, su línea de evacuación recorre la poligonal de otros dos parques eólicos (Estrella II y III). La línea eléctrica aérea de evacuación de 30 kV recorre la poligonal de otros dos parques eólicos, tiene una longitud de 3.644 m y parte del extremo nororiental de Masía II y se dirige al SET del Futuro Parque Eólico Estrella II". Pero resulta que, estando todo coordinado, "la tramitación administrativa de las PFV y su línea de evacuación se ha realizado de manera independiente a los parques eólicos. Además, se ha dictado una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable conjunta para los dos PFV y LSAT", señala la Guardia Civil.
Los investigadores añaden que "del análisis de la documentación técnica examinada se desprende que ambos parques fotovoltaicos y su línea de evacuación objeto de estudio, presentan los siguientes elementos comunes:
- Una misma línea de evacuación eléctrica
- Un único estudio de impacto ambiental
- Promotores vinculados a través de administrador y propiedad.
- Un único estudio específico de avifauna
- Evaluación conjunta de impactos sinérgicos y acumulativos
- Análisis unitario de afección a la Red Natura 2000.
- Coincidencia temporal en su ejecución".
Y que "la concurrencia de estos factores constituye un conjunto de indicios técnicos que apuntan a la existencia de una unidad funcional, territorial y ambiental, más allá de la división formal en proyectos bien diferenciados (Masía I y Masía II)". Traducido: que se tendrían que haber tramitado y concedido de forma conjunta. Pero, claro, si se hacía eso, el responsable dejaba de ser el Gobierno de Aragón y pasaba a ser el Gobierno de España y Teresa Ribera en primera persona. Y, por lo visto, se prefirió eludir ese área de control, mucho más estricto.
"Desde el punto de vista ambiental y técnico, la existencia de una misma línea de evacuación y de estudios ambientales evidencia que la planificación, evaluación y viabilidad del conjunto han sido concebidas de manera global. Esto resulta especialmente relevante ya que la evacuación de la energía generada constituye un elemento estructural y no accesorio del proyecto. Además, el hecho que los informes de avifauna, de sinergias y de afección a la Red Natura 2000 se hayan realizado de forma conjunta refuerza la consideración de que el impacto global sobre el ecosistema no puede analizarse de forma fragmentada", detalla la Guardia Civil.
La explicación al mecanismo diseñado llega un párrafo después: "La potencia instalada declarada individualmente es de 49,49 MW para Masía I y 49,49 MW para Masía II. No obstante, teniendo en cuenta las consideraciones de los apartados anteriores, al concebirse como un único proyecto, la potencia total ascendería a 98,98 MW". Y, según la normativa vigente, "corresponde a la Administración General del Estado autorizar las instalaciones peninsulares de producción de energía eléctrica, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos, instalaciones de transporte primario peninsular y acometidas de tensión igual o superior a 380 kV [2]. Por este motivo, tanto el Órgano Ambiental como el Sustantivo corresponderían a los órganos estatales competentes, ya que ambos proyectos Masía I y Masía II tienen una potencia instalada de 48,4 MW, sumando en conjunto un total de 96,8 MW".
Alto valor ecológico en peligro
Pero, por lo visto, en el Ministerio de Ribera nadie se dio cuenta.
Para colmo, los proyectos afectaban al control medioambiental de Ribera y hasta de la UE. Pero nadie vio nada: "Ambos parques se encuentran rodeados de varias figuras de protección incluidas en la Red Natura 2000, en el área de influencia (10 km), estableciéndose unos objetivos de conservación y las medidas adecuadas para garantizar su estado de conservación favorable. Las figuras de protección ambiental existentes en la zona se enumeran en una Tabla, destacando la existencia de dos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y una Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA)". "En las figuras de protección pertenecientes a la Red Natura 2000, se contabilizan un total de 37 especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, de las cuales 11 están incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, con la catalogación de vulnerable y en peligro de extinción". Pero el Ministerio de Ribera no puso pega alguna.
Y para colmo, la protección de la UE se vio afectada y tampoco dijo nada la ahora vicepresidenta de la UE: "La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, tiene como objeto la protección de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats y las poblaciones de las especies silvestres (exceptuando las aves ya que cuentan con su propia legislación) de la UE, mediante el establecimiento de una red ecológica y un régimen jurídico de protección de las especies. En ella se identifican tanto hábitats como especies de interés comunitario, y establece la necesidad de conservarlos, para lo cual obliga a que se adopten medidas para mantenerlos o restaurarlos en un estado favorable. Por todo ello, se crea una red ecológica de zonas especiales de conservación conocida como Red Natura 2000, en la que también se incluyen las Zonas de Especial Protección para las Aves (en adelante ZEPA)", señala la Guardia Civil.
Pues bien, "en la documentación aportada se indica que la superficie total de los HICs presentes en el área de interés es de 26.455 ha, un 34,45% de la superficie total estudiada". "Por lo tanto, tanto los espacios de la Red Natura 2000 en los que se inserta el proyecto y la IBA anteriormente descrita, presentan una elevada relevancia ecológica al albergar hábitats de interés comunitario y un conjunto significativo de especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, lo que pone de manifiesto la importancia de estas áreas como refugio, zona de reproducción, alimentación y corredor ecológico".
Pero todo ello dio igual.