La investigación de la Guardia Civil sobre una presunta trama de corrupción vinculada a proyectos de energías renovables en Aragón apunta al papel central que habría desempeñado Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera.
Según ha publicado El Confidencial, Domínguez habría impulsado un sistema de tramitación paralelo para gestionar expedientes relacionados con proyectos del grupo energético Forestalia, con el objetivo de controlar personalmente su evaluación ambiental.
Nombramiento de un colaborador sin cualificación técnica
De acuerdo con un atestado de la Guardia Civil al que ha tenido acceso el citado medio, una de las decisiones que están bajo análisis fue el nombramiento de su propio secretario como responsable técnico del Clúster Maestrazgo, considerado el mayor proyecto adjudicado a Forestalia dentro de esta investigación.
Según la información de este medio, Domínguez se habría autoasignado la revisión del expediente como "consejero responsable" y habría designado como "técnico responsable" a una persona de su confianza. El propio administrativo habría reconocido ante los investigadores que no contaba con la cualificación técnica necesaria para evaluar un proyecto de esas características.
La investigación sostiene que este tipo de decisiones habrían permitido al exalto cargo ejercer un control directo sobre la tramitación de proyectos que presentaban dificultades técnicas relevantes.
Un sistema paralelo de tramitación
La documentación citada por El Confidencial señala que el antiguo responsable de Evaluación Ambiental habría desviado además la elaboración de informes relacionados con proyectos de Forestalia hacia personal externo de Tragsatec, que supuestamente actuaba bajo sus instrucciones.
De acuerdo con las declaraciones recogidas por los investigadores, estos profesionales redactaban los informes técnicos para que posteriormente fueran firmados por Domínguez, lo que, según las pesquisas, le habría permitido mantener el control del proceso administrativo.
Testimonios incluidos en la investigación apuntan a que el exalto cargo llegó a ejercer un "control absoluto" sobre los expedientes vinculados al grupo energético. Según esta versión, el sistema funcionaba mediante la autoasignación de gran parte de los proyectos relacionados con la empresa, lo que habría creado una especie de circuito interno de tramitación fuera del control habitual de otros funcionarios.
Testigos y manipulación de informes
Entre las declaraciones recogidas en la investigación figura la de una administrativa que comenzó a figurar como técnica participante a partir de finales de 2022. Según relató a los investigadores, su nombre y el del secretario de Domínguez fueron incorporados a la base de datos como responsables técnicos pese a no desempeñar ese papel ni contar con la formación necesaria.
La testigo aseguró además que no había participado en la evaluación técnica del proyecto ni había revisado la documentación especializada, aunque aparecía registrada en el sistema como parte del equipo encargado del expediente.
Otros testimonios citados en la información de El Confidencial sostienen que Domínguez contaba con un reducido grupo de colaboradores que intervenía en la elaboración o modificación de informes técnicos. En algunos casos, los investigadores apuntan a que se habrían alterado borradores inicialmente desfavorables para convertirlos en informes favorables, eliminando partes del análisis técnico que podían dificultar la aprobación de los proyectos.
Una investigación por contratos millonarios
La Guardia Civil considera a Domínguez una figura central en la presunta red investigada, relacionada con contratos para parques eólicos y fotovoltaicos en Aragón. Las pesquisas apuntan a que el exalto cargo habría recibido contraprestaciones económicas que se habrían canalizado a través de un entramado de sociedades.
Según los investigadores, parte de esos fondos habrían llegado a empresas vinculadas a su entorno familiar. Entre las operaciones analizadas figura un movimiento financiero realizado en diciembre de 2023 por valor de 5,2 millones de euros, mediante un préstamo entre sociedades mercantiles que, según la investigación, podría haber incrementado el patrimonio del ex-responsable de Medio Ambiente y de su familia.
Registros y detenciones
La investigación se enmarca en una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel y ejecutada por la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) de la Guardia Civil. En ese marco se practicaron 12 registros y seis detenciones por presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Entre los arrestados se encuentra el propio Eugenio Domínguez y el presidente de Forestalia, Fernando Samper Rivas, según han confirmado fuentes policiales.
La causa judicial investiga la posible manipulación de declaraciones de impacto ambiental, documentos imprescindibles para autorizar proyectos de energía eólica y fotovoltaica. Según los indicios recopilados hasta el momento por los investigadores, un responsable del Ministerio habría podido influir de forma irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales que habrían beneficiado a la compañía energética.