El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el primer paso para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una reivindicación histórica del colectivo que llevaba años reclamando una mayor protección jurídica frente a las agresiones que sufren a diario en sus puesto de trabajo. Una medida que ha contado con un amplio apoyo parlamentario (323 votos a favor), pues los únicos que se han mostrado en contra han sido ERC y EH Bildu.
El texto normativo que sigue adelante, de momento, es fruto del acuerdo al que llegaron PP, PSOE y PNV en la Comisión de Interior de la Cámara Baja. Otros grupos como Vox, por ejemplo, no han participado de ese consenso porque consideran que la modificación legal que se está emprendiendo se queda corta, y habría que proteger aún más a los funcionarios de prisiones ante los peligros a los que se enfrentan a diario en sus puestos de trabajo.
El núcleo de la modificación legislativa se encuentra en el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. La nueva redacción reconoce expresamente la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias cuando actúen en el ejercicio de sus funciones. Con ello, se busca reforzar la protección de unos trabajadores que desarrollan su labor en un entorno especialmente peligroso.
Una de las principales consecuencias prácticas de este reconocimiento será el endurecimiento de la respuesta jurídica frente a quienes agredan, amenacen o se enfrenten gravemente a los funcionarios de prisiones. A partir de la entrada en vigor de la reforma, estos profesionales dispondrán de una protección equiparable a la que ya tienen otros agentes de la autoridad, lo que permitirá perseguir determinadas conductas con una respuesta penal más severa.
La reforma incorpora además la denominada presunción de veracidad respecto de las actuaciones realizadas por los funcionarios penitenciarios en el ejercicio de sus competencias. Esto significa que los informes, diligencias y testimonios emitidos por estos trabajadores gozarán de una especial consideración jurídica, sin que ello impida que puedan ser cuestionados o desvirtuados mediante las pruebas oportunas en cada procedimiento.
Durante el debate en el hemiciclo, los partido han preferido destacar lo positivo de la medida de los funcionarios de prisiones y han entrado poco al barro y al enfrentamiento –algo ha habido, pero muy lejos de lo que es el día a día en el Congreso–. "No era fácil un acuerdo entre PP, PSOE y PNV, no estamos en el mejor momento de llegar a un acuerdo cuando el Ministerio del Interior está salpicado de corrupción hasta las cejas", ha explicado la popular Ana Vázquez.
"No es la victoria de un partido político, esta es la victoria del colectivo profesional que nunca dejó de defender una reivindicación legítima", ha apuntado el diputado del PSOE David Serrada. El peneuvista Mikel Legarda ha mostrado su apoyo a la medida porque no va a afectar a la exigencia "buen hacer y neutralidad" a la que están sometido los funcionarios de prisiones.
El diputado de Vox David García Gomis ha advertido de que su partido va a mantener en el Senado las enmiendas con las que quieren mejorar la situación laboral de los funcionarios de prisiones y, tras recordar que el presidente de honor de su partido es el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, ha ironizado con que el PSOE se preocupe de lo que pasa en las prisiones cuando les están salpicando todo tipo de tramas de corrupción.