El partido de Abascal ha hecho honor a su promesa de la pasada campaña electoral en Murcia, asegurando que tramitaría una modificación legal para mejorar el ecosistema del Mar Menor y poner fin a la campaña de descrédito y ataques a la agricultura de esa zona, convertida por la izquierda en el único culpable de la degradación de la laguna salada con la connivencia del Partido Popular de Murcia.
El grupo parlamentario de Vox ha elaborado un borrador de reforma de dicha ley, aprobada de manera apresurada al comienzo de la pasada legislatura, con la intención de dar coherencia a una norma hemipléjica que olvida algunos factores importantes en la degradación de la zona costera como son los vertidos urbanos e impone unas exigencias abusivas que ya han quedado desfasadas, a pesar de lo cual siguen vigentes por estar incluidas en una ley regional.
En concreto, el partido conservador se refiere a "las escorrentías de origen minero todavía sin resolver, el impacto remanente de otras épocas en la contaminación de origen difuso de las aguas subterráneas, los vertidos de instalaciones deficientes de origen urbano, y las actividades náuticas fuera de control, entre otros factores relevantes" que, sin embargo, no están considerados en la actual ley de protección del Mar Menor con la importancia que realmente tienen.
El partido que dirige en Murcia José Ángel Antelo, vicepresidente del Gobierno de coalición con el PP de López Miras, pone el acento en los vertidos urbanos y la existencia de zonas urbanizadas con redes de saneamiento defectuosas o directamente inexistentes, un factor muy importante en la degradación de la zona que PP y PSOE suelen pasar por alto. Vox propone revisar esos sistemas y obligar a los ayuntamientos ribereños a someterse a una auditoría anual que ponga de manifiesto las deficiencias de sus redes de saneamiento y la gestión de las aguas pluviales, que hasta ahora llegan al Mar Menor sin el tratamiento adecuado.
Un elemento llamativo en el borrador de decreto presentado es la restricción de la implantación de plantas fotovoltaicas –salvo aquellas destinadas a autoconsumo– en las tierras de uso agrario, que en la actual ley quedaba fuera del amplio catálogo de prohibiciones de contenido económico en la zona del Campo de Cartagena. La actual Ley del Mar Menor, en efecto, establece una moratoria para todo tipo de actividades económicas en la vertiente de la laguna salada como las agrarias, ganaderas, urbanísticas y también industriales, pero con la excepción de las macroinstalaciones fotovoltaicas, que pueden seguir instalándose en dicha área con normalidad.
Por otra parte, Vox pretende agilizar la aplicación de la ley aliviándola de regular al detalle su articulado, como hasta ahora, para que sea la administración regional la que desarrolle los objetivos de la norma a través del correspondiente desarrollo reglamentario, una cuestión esencial en toda técnica legislativa y muy especialmente en un sector tan dinámico como la agricultura que se practica en esa parte de Murcia.