El Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), gobernado por PP y Vox, ha aprobado una moción para impedir la celebración de festividades islámicas en polideportivos y locales municipales. La formación de Santiago Abascal ha celebrado la que considera la "primera medida en España" que pone coto a estas prácticas, como el rezo del cordero o el fin del Ramadán, fuera de los lugares de culto.
La iniciativa, fue aprobada con los votos a favor del PP y la abstención del propio Vox, mientras que PSOE e IU-Podemos-AV votaron en contra.
Esta prohibición forma parte de una iniciativa municipal del PP que modificaba y rebajaba una moción previa del grupo de Vox que proponía explícitamente que se prohibieran celebraciones islámicas en el municipio, de unos 27.000 habitantes y con una amplia comunidad musulmana.
La iniciativa del PP que finalmente se aprobó en el pleno del pasado 28 de julio insta además al Gobierno local a "promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y las manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país".
Se presentaron al debate ambos puntos tras descartar aquellos en los que Vox pedía literamente "prohibir la Fiesta del Cordero y otras conmemoraciones similares ajenas a nuestras tradiciones" por "incidir en la cohesión social, generar tensiones y conflictos internos, desarraigo y erosión de la identidad nacional".
Desde Vox han reivindicado la defensa de las "raíces cristianas" de España y de las tradiciones propias "frente a la constante ofensiva ideológica de la izquierda". "A partir de ya no se va a volver a celebrar el fin del Ramadán o el rezo del cordero", subrayó su portavoz municipal tras el pleno.
Por su parte, el PP sostiene que la promoción de tradiciones es "algo que ya se hace, se ha hecho y se seguirá haciendo, pues en Jumilla se celebra por ejemplo el Día de la Hispanidad, el Día de la Constitución Española, el Día de Santiago Apóstol...".
"Esto no va ni de religión, ni de nacionalidades, sino de que se va a iniciar una modificación de la ordenanza para que las instalaciones deportivas se usen para la celebración de actividades deportivas, sin más", añaden.
Oposición de la izquierda
Como era de esperar, la izquierda ha entrado en cólera. El secretario general del PSOE en Murcia, Francisco Lucas Ayala, ha acusado al PP de "vulnerar" los valores constitucionales y poner "en riesgo" la convivencia, "solo por aferrarse al poder". "No han aprendido nada de lo ocurrido en Torre Pacheco. Siguen alimentando el odio y provocando una fractura social de consecuencias imprevisibles. El PP vulnera los valores constitucionales y pone en riesgo la convivencia, solo por aferrarse al poder", ha indicado en un mensaje en la misma red social.
En la misma línea, Podemos e Izquierda Unida han tildado el acuerdo de "disparate xenófobo" y han anunciado que llevarán el asunto a la Fiscalía por un posible delito de odio. Ambas formaciones acusan al PP de ser "cómplice del fascismo" y de atentar contra la libertad religiosa garantizada en la Constitución.
Es un paso más en la deriva xenófoba y racista no ya tanto de Vox, que nos tiene acostumbrados -continuaba-, sino del Partido Popular, que en la Región de Murcia compra todas sus políticas", ha declarado el secretario de comunicación de Podemos en la Región, Víctor Egío. "El Partido Popular de López Miras, a día de hoy, no se diferencia en nada de esa ultraderecha racista", ha añadido.
También la coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, ha advertido de que esta decisión es "inconstitucional" y que "atenta frontalmente" contra el artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad religiosa. "Se trata de un acto de racismo islamofóbico y de odio, disfrazado de reglamento administrativo. No lo vamos a permitir", ha expuesto.
En este sentido, Luna ha afeado al PP que haya elegido ser "cómplice" del "fascismo", al negociar "la dignidad" de Jumilla "a cambio de seguir gobernando a cualquier precio." "La Región de Murcia no puede convertirse en el campo de pruebas del autoritarismo reaccionario", ha destacado.
La formación de izquierdas ha asegurado que estudiará la vía jurídica "más adecuada" para impugnar la medida por vulneración de derechos fundamentales y no descarta acudir al Defensor del Pueblo y al Tribunal Constitucional "si fuera necesario". Además, ha exigido al Gobierno de España y a la Delegación del Gobierno en Murcia que se posicionen "ante esta deriva claramente inconstitucional y racista".