El separatismo pierde fuelle en la recta final del proceso

El mensaje del frente separatista es granítico. En Cataluña se celebrará un referéndum de autodeterminación en los próximos meses hagan lo que hagan el Gobierno, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía para impedirlo. Un manifiesto firmado por todos los miembros del Gobierno de la Generalidad lo corrobora y se anuncia como inminente la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat del concurso para la adquisición de ocho mil urnas, primer paso del compromiso del ejecutivo de "organizar, convocar y celebrar" una consulta sobre el "futuro político de Cataluña" en los próximos meses.

Sin embargo, las condiciones se presentan mucho más adversas que en el 9-N de 2014. La Generalidad no ha logrado ningún apoyo internacional que ayude a validar la celebración del referéndum, que era uno de los objetivos principales en el nuevo pulso con el Estado. Tampoco ha conseguido "ensanchar la base social", según su jerga, a favor de la consulta. La campaña de recogida de firmas organizada por el Pacte Nacional pel Referèndum ha logrado cuatrocientas mil adhesiones, muy por debajo de las expectativas marcadas por un entramado de entidades acostumbrado a contar en millones.

El Pacte Nacional pel Referèndum, versión actualizada del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, pretende ser una "asamblea representativa" de organizaciones sociales de todo tipo, desde cámaras de comercio a clubes deportivos, cuyo cometido es el de apoyar y ratificar las decisiones del ejecutivo regional. Y la recogida de firmas a favor del referéndum era una de las claves para testar la capacidad de movilización del bloque separatista después de que la condena de inhabilitación de Artur Mas no provocara las masivas protestas con las que amenazaban los nacionalistas.

Las diferentes estrategias y objetivos del PDeCAT (la nueva Convergencia) y ERC se han trasladado también a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y limitan su capacidad operativa. Confían en movilizar a medio millar de personas para manifestarse este lunes a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), donde comparecerá la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para ser interrogada sobre la sesión del 6 de octubre del año pasado en la que dio curso a una votación sobre el referéndum. Tendrá más protagonismo la Associació de Municipis per la Independència (AMI), que aportará el ya tradicional acompañamiento de alcaldes con vara, concejales, altos cargos y asesores.

Protocolo victimista

La novedad del evento de este lunes será que el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, ha anunciado que acompañará a Carme Forcadell hasta las mismas puertas del TSJC. Lo habitual era preservar la imagen del president, que acompañaba la procesión del imputado de turno hasta los aledaños de la sede judicial. Puigdemont ha decidido romper el "protocolo", añadir un aliciente gráfico al ceremonial victimista y ganar de paso algo de protagonismo.

El pacto del Gobierno de Rajoy con el PNV sobre el cupo y el concierto ha causado un daño colateral en la credibilidad del nacionalismo catalán. La sintonía del vicepresidente autonómico y líder de ERC, Oriol Junqueras, con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, alimenta los recelos convergentes sobre las verdaderas intenciones del líder republicano. Las encuestas insisten en vaticinar la victoria de ERC y un descalabro convergente, de ahí que se le atribuya un escaso interés en la celebración del referéndum. A las evidentes discrepancias de los socios de Junts pel Sí se suma la grieta interna en el PDeCAT, partido en el que aumenta la visibilidad de los partidarios del retorno al pactismo, el método pujolista que exhibe ahora el PNV.

En ese contexto, se da por segura la celebración de algo vagamente parecido a un referéndum entre el 17 de septiembre y el 1 de octubre de mero valor simbólico, entre otras razones porque la Fiscalía no sólo ha advertido a la administración autonómica sino también a las empresas proveedoras de material susceptible de ser utilizado para una consulta ilegal. El próximo 19 de mayo está previsto un pistoletazo de salida "cívico" a la campaña del referéndum. Se ha descartado el formato habitual de la calle. El antedicho Pacte Nacional pel Referèndum celebrará un acto en el Palacio de Congresos de Cataluña, con un aforo máximo de dos mil personas.