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La escandalosa gestión de Susana Díaz llega hasta los libros de texto y los edificios de la Junta

La reconstitución de la Comisión de Investigación sobre la FAFFE la obligará a comparecer.

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La escandalosa gestión de Susana Díaz llega hasta los libros de texto y los edificios de la Junta
La expresidenta de la Junta, Susana Díaz | EFE

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha apuntado que la distribución del gasto del programa de gratuidad de los libros de texto ha sido de 82.025.008 euros en relación a las transferencias realizadas a los centros docentes. Pero ha subrayado "no hay concordancia" entre el presupuesto anual y el gasto por curso escolar.

Es más, destacó en su informe sobre libros de texto que "las tensiones de tesorería en los centros" podrían haber estado provocados por el "incumplimiento" de la Junta que no habría hecho llegar siempre el el cien por cien del importe de los libros de textos adquiridos para su alumnado en el primer trimestre.

Detalla la Cámara de Cuentas que un total de 1.061 de los 3.435 centros docentes no tenían firmado antes de la fecha establecida el informe específico del estado de cuentas del programa de gratuidad de los libros de texto del curso 2016-2017.

El informe también indica que el 8,42 por ciento de las facturas, representativas del 3,28 por ciento de los importes, puede interpretarse que fueron presentadas después de la fecha establecida en la normativa. Además, los pagos por encima de los 60 días –los que acumulan más de un mes de retraso sobre el plazo máximo de un mes– afectan al 20,67 por ciento de las facturas representativas del 18,89 por ciento del gasto.

La propia Cámara de Cuentas dio este lunes otro varapalo a la Junta que presidió Susana Díaz. En un informe fiscalizador de finales de 2017, se han puesto de manifiesto numerosas irregularidades en al inventario general de bienes y derechos de la propia Junta de Andalucía.

Según ha destacado el PP, la Junta declaró la existencia de 400.105 bienes, valorados en 22 millones, pero omitió la relación de los bienes de las agencias públicas –la administración paralela–. Esto es, que la Junta no ha dado a conocer la totalidad de sus bienes incumpliendo las normas sobre transparencia.

Hay bienes adquiridos por valor de 10 millones de euros que no están registrados y más de 100.000 bienes inmuebles aparecen con un valor "cero" mientras otros "ni siquiera están valorados".

Errores, sentencias adversas y negligencias: 418 millones

Silvia Moreno, en El Mundo, hace un resumen y concluye que entre los 418 millones están los 83,3 millones relacionados con proyectos de obra paralizados por los que las empresas perjudicadas habían reclamado en los tribunales y éstos le habían dado la razón.

Ya se conocía que como consecuencia de la sentencia condenatoria del caso de la paralización del centro comercial Nevada en Granada, la Junta deberá hacer frente a la cantidad 168,2 millones de euros que el nuevo gobierno ha tenido que pagar.

Además, están incluidos los 162 millones que la Junta debe pagar a la empresa Metro de Sevilla, reconocidos en sentencia firme. Aunque la reclamación era de 126.846.435 euros, la suma de los intereses legales de demora desde el inicio de la reclamación por la vía administrativa los sube a 162 millones.

Hay otros 4,5 millones de euros que corresponden a las indemnizaciones que habrá que pagar a distintas empresas por resolver 239 expedientes de obras que han pasado de presupuesto a presupuesto casi todos los años, pero nunca se han ejecutado.

Se reconstituye la comisión sobre la FAFFE

Ya se intentó en la legislatura pasada cuando se tuvo conocimiento del enchufismo generalizado y el uso de tarjetas black, con derivaciones sex black, usadas en establecimientos de alterne. Fue la diputada del PP andaluz, Teresa Ruiz Sillero quien realizó un gigantesco esfuerzo de investigación y desvelamiento pero la relación de fuerzas ha impuesto que sea un miembro de Ciudadanos quien presida la nueva Comisión, presidida en la anterior legislatura por el PSOE en la persona de Marisa Bustinduy.

La primera comisión de investigación tuvo que desaparecer porque así lo exige el Reglamento del Parlamento andaluz cuando se convocaron las elecciones anticipadas del pasado 2 de diciembre de 2018.

Ahora, sólo faltaba elegir el presidente de la Comisión porque el PSOE-A ha designado al diputado y exconsejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, que ya fue comisionado en la comisión sobre el fraude de la formación, y a Noelia Ruiz, mientras como suplentes han elegido a Juan José Martín y Soledad Pérez.

Por el PP-A, los parlamentarios titulares son Ana Vanesa García y Erik Domínguez, y como suplentes figuran Beatriz Jurado y Nieto. En el caso de Ciudadanos (Cs), Teresa Pardo y Enrique Moreno serán los comisionados titulares y los suplentes, Mónica Moreno y Juan de Dios Sánchez.

De su lado, por Adelante Andalucía, estarán representando a la confluencia de Podemos e IU Maribel Mora y Nacho Molina como ponentes principales y como suplentes, María Gracia González y Jesús Fernández; y por Vox, el presidente del grupo parlamentario, Francisco Serrano, y la parlamentaria Ángela Mulas.

Pero finalmente ha existido una relevante tensión entre PP y Ciudadanos por hacerse con la presidencia de la Comisión y nuevamente, la debilidad del PP en el gobierno andaluz ha quedado de manifiesto. Ciudadanos ha impuesto finalmente la presidencia de Enrique Moreno, tras haber obtenido ya en la última legislatura la presidencia de la homónima comisión sobre el fraude de la formación.

El caso FAFFE

La Fundación Andaluza para el Fondo de Formación para el Empleo, conocida como el "fondo formación" fue creada en 2003 como un ente dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta para ocuparse de los fondos públicos de la formación.

Bajo esa denominación, la FAFFE gestionó, hasta su disolución en 2011, más de 300 millones de euros de subvenciones públicas, con el objetivo de fomentar el empleo y las condiciones sociales y laborales, la promoción de los sectores productivos y la cooperación con autoridades e instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Lo que ocurrió en realidad ha sido puesto de manifiesto por Libertad Digital en numerosas investigaciones y explicaciones. Pueden repasarlo en los siguientes enlaces recientes, cuyos meros titulares dan una idea de qué pozo negro espera tras la investigación del caso:

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