Los amigos de Puigdemont sobre los que pesa la acusación de estar detrás del Tsunami Democràtic (la organización que diseñó el asalto del Aeropuerto de El Prat y el corte de la frontera con Francia para protestar por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado separatista) no serán investigados por la Audiencia Nacional. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha rechazado que se dé traslado de estos hechos a la Audiencia Nacional y ha resuelto que no se da la "más mínima motivación fáctica y jurídica" para imputar a David Madí (ex mano derecha de Mas), el exconsejero de ERC Xavier Vendrell, el editor Oriol Soler y el jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay. Los tres primeros formaron parte del denominado comité estratégico del proceso, una especie de gobierno paralelo ideado por Carles Puigdemont para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1-O.
La Fiscalía ha resuelto a favor de un recurso presentado por el abogado Benet Salellas (exdiputado de la CUP) y que representa a una de las procesadas en este procedimiento. Y no sólo dice que no hay motivación para investigar en la Audiencia Nacional a los antecitados sino que añade que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva porque "se ha quebrantado el derecho de las partes a conocer los hechos que les imputan y las razones por las que el juzgado se inhibe a favor de la Audiencia Nacional".
El procedimiento fue emprendido por el titular del juzgado de instrucción número uno de Barcelona, el magistrado Joaquín Aguirre, quien dada la naturaleza de los delitos investigados dio traslado de una parte a la Audiencia Nacional, donde asumió el caso el juzgado central de instrucción número 6. La Fiscalía además de criticar a Aguirre apunta que no puede entrar en el fondo de la cuestión porque ignora los motivos que llevaron a la Audiencia Nacional a aceptar parte del caso, lo que supone una nada velada censura a la propia Audiencia.