La ministra de Igualdad, Irene Montero, no se ha presentado finalmente al acto de conciliación previo a la demanda interpuesta por el exmarido de María Sevilla —la expresidenta de Infancia Libre condenada por secuestrar a su hijo—, al que no dudó en llamar maltratador, a sabiendas de que no hay ni una sola condena contra él y que todas las denuncias en esta dirección han sido desestimadas.
En su lugar, la ministra ha enviado a sus abogados. La sorpresa, sin embargo, es quién asumirá su defensa: no lo hará un bufete particular, sino que será nada más y nada menos que la Abogacía del Estado. La razón, tal y como han explicado a LD los abogados de Rafael Marcos, es que las declaraciones de Montero tuvieron lugar en el trascurso de un acto que estaba incluido en su agenda pública como ministra. En la práctica, esto le permitirá no gastar ni un sólo euro de su bolsillo, ya que seremos el conjunto de los españoles los que sufragaremos los gastos ocasionados por tener que hacer frente a un pleito que nace de su obsesión por considerar "madres protectoras" a todas las mujeres que secuestran a sus hijos.
El origen de la demanda
El origen del mismo se remonta al pasado 25 de mayo, cuando, tras conocerse el indulto que el Gobierno había concedido a la expresidenta de Infancia Libre, Montero y la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, se refirieron a él como "maltratador". Tras la repercusión mediática de sus palabras, Marcos anunció que presentaría una demanda contra ambas por un delito contra el honor, por el que las reclama 85.000 y 65.000 euros respectivamente.
Además, el exmarido de María Sevilla también inició un procedimiento similar contra la periodista Ana Pardo de Vera, quien, en una tertulia de TVE, llegó a llamarle pederasta tras asegurar que había sido condenado por abusar sexualmente de su hijo, algo completamente falso. Así, refiriéndose al secuestro del menor por parte de su madre, la tertuliana defendió que "no lo tuvo secuestrado, lo tuvo alejado de su padre, que es un pederasta".
Por tales acusaciones, Rafael Marcos le reclama en los tribunales, además de una rectificación, una indemnización de 10.000 euros. Sin embargo, tanto su caso como el de Ángela Rodríguez Pam han caído en un juzgado diferente al de Irene montero, razón por la cual todavía no se ha fijado una fecha para el acto de conciliación. Resta saber quién asumirá la defensa de la número 2 de Montero y si, en este caso, será también la Abogacía del Estado.
Defender lo indefendible
La gravedad de este asunto radica en que todas ellas sabían -o deberían saber, precisamente por sus cargos- que aquello de lo que estaban acusando a Marcos era falso, ya que no tiene ni una sola condena que ratifique ni el maltrato ni los abusos sexuales, ya que todas las denuncias que María Sevilla utilizó para mantenerle alejado de su hijo fueron desestimadas.
Cuando, en 2017, la Justicia dictó una sentencia otorgándole a él la custodia del menor, Sevilla reacciono desapareciendo con el pequeño, al que mantuvo secuestrado durante dos años, hasta que la Policía les encontró en una finca de Cuenca en condiciones insalubres. Cuatro años después, sería condenada a dos años y cuatro meses de prisión, y a cuatro años de pérdida de la patria potestad de su hijo. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió asumir la reiterada petición de Montero y le concedió el indulto. De esta forma,