Escuela de Todos, la plataforma que agrupa a entidades como Asamblea por una Escuela Bilingüe, Impulso Ciudadano, S'ha Acabat o Sociedad Civil Catalana, entre otras, ha remitido un escrito al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en la que le informa del pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalidad catalana para impedir la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el 25% de español en la enseñanza obligatoria en la región.
El comisario Reynders tiene previsto reunirse con el presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, este jueves. Y esa es la razón por la que Escuela de Todos ha considerado pertinente que Reynders tenga información sobre la vulneración de las resoluciones judiciales que practica por sistema la Generalidad, sobre todo cuando afectan a su doctrina lingüística.
A tal efecto, la portavoz de Escuela de Todos, Ana Losada, ha remitido a Reynders una carta en la que pone en antecedentes al comisario europeo sobre las maniobras de la Generalidad apoyadas por el Gobierno para incumplir la sentencia del 25%. A modo de prólogo, en la misiva se detalla que "pese a que el español es lengua oficial en toda Cataluña y materna de la mayoría de la población, las escuelas catalanas, controladas por el gobierno regional, excluyen al español de la vida escolar: las materias no lingüísticas se imparten todas en catalán, la comunicación institucional es únicamente en catalán, la rotulación de los espacios es solo en catalán. Está mal visto expresarse en español por la presión nacionalista".
Losada explica además que "si el Gobierno de España hubiera interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra las citadas normas (en alusión al decreto y a la ley autonómica que prohíben la aplicación de porcentajes de enseñanza de español) y se hubiera solicitado su suspensión, la ejecución de la sentencia habría sido posible. Sin embargo, los Gobiernos de España y de Cataluña pactaron secretamente que no se interpondría recurso de inconstitucionalidad contra las citadas normas. Ese acuerdo es el que ha sido desvelado por el presidente de la Generalidad Pere Aragonès, en su intervención en la televisión pública de Cataluña y el que ha hecho imposible la ejecución de la sentencia".
Investigación independiente
Escuela de Todos añade que las actuaciones de los poderes ejecutivo o legislativo "con el fin expreso de impedir la eficacia de una decisión judicial y para privar a los ciudadanos de los derechos reconocidos por dicha sentencia judicial es una quiebra grave de la separación de poderes y vulnera el derecho a un proceso debido, tal como ha sido interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos". La plataforma por los derechos lingüísticos en Cataluña solicita a Reynders una investigación independiente sobre la inejecución de la sentencia del 25% y que "visiten las escuelas y hablen con unos y otros profesores, que se hagan una imagen cabal de la situación que se vive en Cataluña como consecuencia de la exclusión del español como lengua vehicular en el sistema educativo".