Vox ha reunido en el Congreso de los Diputados a expertos, policías y víctimas de la okupación que se sienten desamparadas con la actual legislación española, agravada con una futura ley de Vivienda que ataca frontalmente la propiedad privada lo que, a su juicio, agravará aún más el problema.
Katia, residente del Ensanche de Vallecas, ha relatado la situación que viven no sólo los propietarios que ven sus inmuebles okupados, sino los vecinos que conviven con estos delincuentes. "Suciedad, delincuencia, peligro, miedo, amenazas, drogas, fiestas constantes…", ha denunciado, explicando que hace un año un okupa cerró el acceso al garaje con un candado imposibilitando su entrada y salida del edificio. "Si hubiera habido un incendio, se pueden imaginar qué habría pasado", relataba.
María Luisa, víctima de la inquiokupación, que ha tardado 30 meses en recuperar su casa pero sólo porque la persona a la que se la alquiló ha abandonado el domicilio, no por una sentencia judicial. "Hace dos meses que la he recuperado pero aún no he podido entrar a vivir de lo destrozada que me la han dejado, además de las deudas", se quejaba. "He tardado 20 años en pagarla y ahora no tengo nada", decía entre gritos, admitiendo "no poder más" con la situación.
Leyes más duras
El inspector de policía del sindicato Jupol, David Serrano, se ha quejado de la falta de herramientas de las que disponen para poder hacer frente a estos problemas que, en muchos casos, originan "mafias" que se dedican a okupar las viviendas para, después, "hacer negocio" con ellas para frustración de los dueños que no pueden recuperarlas.
"Tenemos que tener normas adecuadas desde el punto de vista punitivo para que abstengan de cometer esos delitos", ha defendido, denunciando el "efecto llamada" que se produce ante la falta de castigo a los delincuentes. Serrano ha reclamado también "seguridad jurídica" y que se pueda proceder al desalojo de los okupas en un plazo de apenas 24 o 48 horas.
El profesor y catedrático de derecho penal, Sergio Nasarre, ha alertado contra las "recetas mágicas" que en muchos casos pretende aplicar la administración y que vienen a agravar este problema. "La okupación de viviendas para aliviar precios o el control de rentas no funciona, en ninguna parte del mundo", ha advertido sobre el encarecimiento de los precios de compra y alquiler que fuerza en algunos casos a la okupación por parte de familias vulnerables, aunque no son la mayoría.
Enric Vendrell, administrador de fincas, ha denunciado el "aumento exponencial de la okupación" que antes podían ejercer colectivos y activistas por ideología pero que ahora llevan a cabo, sobre todo, profesionales de la delincuencia, como ocurre en el caso de los inquiokupas que dejan de pagar el alquiler para quedarse viviendo en una casa gratis.
La denuncia política
La diputada de Vox, Cristina Esteban Calonje, ha sido la encargada de moderar las mesas de debate, que ha inaugurado el portavoz parlamentario, Iván Espinosa, para reivindicar a su partido por "abrir debates" cerrados en los que cualquier tipo de disidencia se califica como "fascista". Espinosa ha recordado que el 80% de las okupaciones que se producen en España son inquiokupaciones, inquilinos que dejan de pagar las rentas del alquiler, y que Cataluña es la comunidad que más delitos de este tipo registra, el 42% del total.
El acto ha contado con la participación del secretario general del partido, Ignacio Garriga, y el vicepresidente, Javier Ortega Smith, además de otros diputados de Vox que han señalado los efectos perversos de las leyes actuales que no persiguen a los okupas.