Los okupas del distrito barcelonés de Gracia están de enhorabuena. El Ayuntamiento les paga los arreglos del local de calle Nil Fabra 19-25 que han hecho suyo desde hace siete años. Se trata de una comisaria abandonada que la Policía Nacional propiedad del Patronato Municipal de la Vivienda que fue cedida por dicho patronato a los okupas en 2015, tras haber sido desalojados de una oficina bancaria y después de una semana de graves disturbios.
En aquel momento, el Ayuntamiento que preside Ada Colau acordó con los okupas una cesión por cuatro años prorrogables y el pago de un alquiler anual de 550 euros. Se sabe que al menos durante los dos años de la pandemia los okupas, organizados bajo el nombre "Casal Tres Lliris (lirios)", no pagaron el módico alquiler, definido como "social". Los vecinos denunciaron además que organizaban botellones hasta altas horas de la madrugada en pleno confinamiento.
A causa de esta cesión el concejal responsable del distrito de Gracia, Eloi Badia, del partido de Colau, está siendo investigado por el juzgado número 27 de Barcelona, que admitió una denuncia de los vecinos basada en el hecho de que el local fue cedido de manera ilegal puesto que, al ser público, debería haber sido sometido a un proceso de concurso o de subasta. Frente a las quejas de los vecinos por los ruidos y las molestias, Badia intentó tranquilizarles diciendo que se harían obras para insonorizar la antigua comisaría.
"Obras de arreglos"
Ahora el Ayuntamiento va a aprobar el pago de 40.000 euros para arreglar el local, según ha denunciado la presidenta del grupo municipal de Valents, Eva Parera. Este jueves, en el pleno del distrito, entre las "Autorizaciones y disposiciones de pago para el periodo comprendido entre el 26 de septiembre y el 22 de noviembre de 2022" se aprobará dicho pago bajo el epígrafe "Obras de arreglo del local de la calle Nil Fabra 19-25".
Parera ha declarado al respecto que "los barceloneses no pagamos impuestos para mantener a los okupas y financiar sus fiestas. Con esta actitud lo único que consiguen Colau y PSC es provocar un efecto llamada y convertir Barcelona en un paraíso okupa".
La concejal ha recordado que la cesión del local le ha supuesto a un miembro del equipo de Colau una imputación por presunta malversación y prevaricación y la permisividad municipal con el uso que se da al local. "Y ahora sumamos que les pagan las obras. Hay que recordar que okupar no es un derecho, es un delito", ha añadido.
El nuevo partido constitucionalista que preside Eva Parera propone cambiar la normativa para que se pueda expulsar a los okupas de manera inmediata si no acreditan un título de propiedad o un contrato de alquiler al día. También plantean bonificaciones del IBI de quienes tengan una vivienda o local ocupado, asesoramiento gratuito por parte de la administración que ofrezca servicio a las víctimas y no a los delincuentes, un teléfono específico de denuncia conectado con la policía para agilizar la respuesta y tolerancia cero ante estos delitos.