La voladura controlada que parece haber activo el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en año electoral, podría acabar explotando antes de lo previsto. Aunque la necesidad de mantener la coalición sigue pesando más que cualquier enfrentamiento, los últimos roces hurgan en una herida que cada día parece más difícil de cerrar.
Irene Montero ha terminado estallando después de meses acorralada por las polémicas hasta el punto de ser cuestionada incluso por los suyos que, en el mejor de los casos como ocurre con Yolanda Díaz, guardan silencio y evitan respaldarla con la Ley del Sólo sí es sí. La ministra de Igualdad concedió ayer una entrevista en Telecinco, que no fue anunciada ni estaba en la agenda de gobierno, que utilizó para despacharse a gusto contra los ministros del PSOE.
"La cuestión de las penas fue algo que pensamos de forma muy detallada el ministerio de Justicia, que es el ministerio competente de hacer los cambios penales, y el ministerio de Igualdad", defendió Montero al ser preguntada por las declaraciones de Carmen Calvo en las que aseguraba que el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, le advirtió varias veces de las consecuencias perversas de la ley.
Campo, el señalado
Con sus declaraciones la ministra de Igualdad apunta directamente al PSOE como responsable de la reforma del Código Penal, en concreto al exministro de Justicia Campo, sustituido por Pilar LLop, que ha dejado desde el principio ha dejado claro que ella no estaba en el Consejo de Ministros cuando se aprobó la ley y lleva meses intentando abordar el problema ante la resistencia de Podemos y la incapacidad de Pedro Sánchez para poner en duda a Montero.
"Los ministerios de Justicia e Igualdad revisamos centenares de casos y nos ocupamos de hacer un Código Penal que evitase las rebajas de condenas", ha defendido la ministra de Igualdad, desvelando que su primera propuesta incluía una rebaja de penas máximas y, "ante la alerta del CGJP" sobre la posible excarcelación de violadores y pederastas, decidieron elevarlas para "dejarlas como en el Código Penal anterior", lo que motivó un informe del Consejo de Estado valorando la ley como "muy dura", según ha dicho.
De esta forma, Montero echa también por tierra el argumento del PSOE de que desconocían los efectos que podía provocar la norma, al admitir que fueron alertados por los organismos competentes sobre las consecuencias. Según su versión, decidieron entonces actuar pero, a la vista del goteo de excarcelaciones, los cambios, si se produjeron, no fueron efectivos.
La soberbia de la ministra
En su opinión, el problema sigue estando en la aplicación de la ley por parte de determinados jueces que "se resisten" a los cambios. "Los jueces que están bajando las penas son una minoría", ha defendido cuando ya hay más de 350 criminales beneficiados por la norma. "Soy muy consciente del dolor y la indignación de las víctimas por las decisiones judiciales que han generado alarma social", ha insistido.
Durante la entrevista, la ministra ha dicho "esperar" que el PSOE no pacte con el PP para modificar la ley, sumándose a la amenaza de Pablo Iglesias sobre un posible acuerdo en ese sentido. Montero admite fuertes discrepancias en torno al consentimiento ya que Podemos se niega a distinguir entre abuso y violación, al interpretar todo acto de agresión sexual como violación, lo que parece ser el principal escollo para un acuerdo.
Malestar en el PSOE con la entrevista
El tiempo corre y la fecha marcada en el calendario para presentar la Proposición de Ley, el viernes, se acerca sin que haya un acuerdo. En el sector socialista aseguran que la presentarán con o sin Podemos y, aunque mantienen que negociarán hasta el "último minuto", lo cierto es que ven en las declaraciones de Irene Montero un distanciamiento. Las frases de la ministra de Igualdad no han gustado nada al sector socialista. En especial, cuando asegura que hay una "discrepancia fuerte" en torno al consentimiento. Tanto Justicia como Moncloa aseguran que eso ya estaba pactado y acordado.
Pese a todo, las negociaciones son a varias bandas. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha liberado su agenda para centrarse en las negociaciones. Incluso se ha caído de la Reunión de Alto Nivel en Rabat. En su ministerio ya llevan varios borradores. En los últimos, mantienen que se han "adecuando las penas a la gravedad de las conductas". En una de las propuestas se pedía "volver a penas de entre 1 y 5 años cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima", algo que Podemos se niega a asumir.
La polémica podría dejar más que tocada a la coalición si el PSOE decide coger la mano tendida del PP para aprobar los cambios actuando al margen de su socio de gobierno. Algo que ya intentaron con la Ley Trans sin éxito, lo que evitó mayores consecuencias dentro del Gobierno.