El fiasco de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, por mal apodo la del "solo sí es sí", es un contrasentido desde el mismo título al sugerir que España necesitaba una norma específica para regular el ejercicio libre de la actividad sexual, pero la izquierda construye su mundo paralelo y, cuando accede al Gobierno, nos obliga a todos a aceptarlo utilizando el poder coercitivo del Estado. En este caso, las mujeres españolas son para la izquierducha unas personas atolondradas, desamparadas ante la presión de una superestructura machista que las utiliza sexualmente para saciar su sed de dominación. Pero la sociedad española no es el Consejo Ciudadano de Podemos, sino una realidad mucho más compleja donde la mujer ocupa de manera natural el rol que ella elige; no el que le asigna el macho alfa del momento.
Con esos fundamentos ideológicos y la potencia intelectual de Irene, Pam y Vicky, el núcleo irradiador de Podemos en materia igualitaria, se forjó la famosa ley del solo sí es sí, una norma cuya responsabilidad no cabe atribuirla al trío podemita sino a todo el Gobierno, pues el proyecto de ley se aprobó unánimemente en el Consejo de Ministros y todos ellos, con Sánchez a la cabeza, presumieron de su eficacia normativa y su elegancia formal. Sánchez llegó a afirmar que el mundo entero (el tipo habla así) imitaría muy pronto esta ley, un hallazgo legislativo con escasos precedentes en la historia universal del Derecho. Para entonces ya habían visto rebajada sus penas y salido a la calle un par de decenas de violadores, pederastas y otros agresores sexuales. Ahora ya hemos saltado los 300.
La catástrofe provocada es de tal magnitud que el Gobierno ha puesto en marcha los mecanismos para su modificación. Decía Fraga que los socialistas solo aciertan cuando rectifican, un dardo verbal que zahería dolorosamente al felipismo aunque a Sánchez no le hace ninguna mella, pues la contradicción permanente y ese talento indudable para negar la realidad son rasgos consustanciales a su manera de hacer política.
Unos y otras han hecho un pan como unas hostias con este engendro legal que ya avergüenza hasta a los sanchistas de camisa vieja. La consecuencia necesaria en una situación normal sería cesar a los responsables del fiasco y mandarlos a su casa, con más motivo estando a pocos meses de unas elecciones autonómicas y municipales que se van a vivir como la antesala del fin del sanchismo. Pero el Gobierno socialpodemita pretende seguir unido hasta el último día de nómina, una realidad que tiene indudables efectos positivos porque la permanencia de Irene Montero y sus amigas en Igualdad es fundamental para que el desastre electoral de la izquierda sea absoluto.
Lo peor que le podría ocurrir a España es que Sánchez cesara a su ministra de Igualdad y sacara del Gobierno a la facción perroflauta en pleno. Es mucho mejor que los mantenga a todos y siga presumiendo de la obra legislativa de estos cuatro últimos años. Solo así nos aseguraremos de que sean los últimos de verdad.